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Una breve introducción lingüística a los actos introductorios del proceso.

 Por: Alejandro Verdaguer

 

Si hay algo que queremos destacar en esta obra es  la importancia  que se le debe prestar al lenguaje en la  realización de los actos introductorios del proceso, y también en su desarrollo ulterior. Los abogados y los jueces, al igual que el resto de los mortales, se expresan a través de él. Por eso, naturalmente, las decisiones que adopten estarán   limitadas o sujetas al uso que  hacen de la lengua. Precisamente, pensando en  su utilización cotidiana, creemos importante repasar – de modo previo - algunos de los conceptos aportados por la lingüística.
En este desarrollo, que retomaremos en otras partes de la obra, partiremos desde  de la  teoría de los Actos  de Habla  desarrollada  por lingüistas ingleses a  mediados del siglo  pasado. John Austin, el más importante de todos  ellos, puso de manifiesto - en su clásica obra “Cómo hacer cosas con palabras”1 - que en el lenguaje ordinario (aquél que utiliza un ciudadano normal) existen una cantidad importante de enunciados que no “describen” ni “representan” nada, y que por consiguiente  no son ni verdaderos ni falsos. Por ejemplo: los que utiliza  el presidente de la Cámara de Diputados cuando declara abierta la sesión;  o bien los que repite el sacerdote al bautizar al niño. En estos enunciados el hablante no nos informa algo sobre una realidad externa a él, sino que la construye. Austin, los denomina realizativos, y explica que  están sujetos a una serie de condiciones (la emisión de ciertas palabras, por parte de ciertas personas en determinadas circunstancias).  Por esa razón,  el presidente de la Cámara no declara  abierta  la sesión de cualquier manera sino que lo hace respetando un procedimiento. Del mismo modo,   el sacerdote cumple el suyo al bautizar al niño. 
Tal vez el lector no lo haya advertido, pero  este “hacer” con palabras es muy común en el derecho. Por ejemplo, cuando un Juez declara el divorcio de  una pareja está haciendo algo (disolver el vínculo matrimonial) y no describiendo una realidad (aunque el conflicto y la configuración de una causal opere como una condición necesaria y previa a esa declaración).  Vayamos ahora al inicio mismo del proceso. Si  una  persona (física o jurídica) decide asumir el rol  de actor, más allá de cumplir con los recaudos que hacen  a la personería (acreditar su  capacidad procesal, eventualmente la representación que detenta, constituir un domicilio), tiene que manifestar esa voluntad   por escrito y   respetando  una  terminología  técnica  determinada.  Si bien no estamos en un  régimen procesal tan estricto como, por ejemplo,  el que  imperaba en la  Roma republicana durante  las llamadas  acciones de la ley,   ese sujeto  (que pretende, en primer término, que el Juez lo tenga por “parte”) tiene la carga de  definir, concretamente, qué es lo que reclama (pretensión) e  identificar a los sujetos contra  los  cuales la dirige  ( demandados)2.  
En la  formulación de esos  enunciados  tiene que ser muy cuidadoso.  Al hacerlo, el actor  tampoco describe nada (por lo tanto no puede reputarse que sean falsos o verdaderos) sino que construye  el objeto litigioso  del proceso. Edifica un armazón (permítasenos la expresión) que el Juez no podrá  modificar a la hora de dictar sentencia,  en virtud del sistema dispositivo que rige en nuestro ordenamiento.
Adviértase que si el actor opta, por ejemplo, por hacer una dura crítica a la participación que le cupo a un sujeto  en un acontecimiento determinado (por ejemplo, un accidente automovilístico), esa manifestación es  insuficiente para tenerlo por “demandado”  si,  al mismo tiempo,  no señala  concretamente que  dirige la pretensión también  en su contra. Determinar si una persona ha sido o no demandada, nada tiene que ver con las  categorías de verdad y  falsedad pero sí con la lingüística. Nos explicamos.
Ya dijimos que  se es  demandado (parte) por la sola circunstancia de revestir el carácter de sujeto pasivo de una pretensión,  y  actor (parte)  por formular  ese reclamo. Nada más.  Ese es el motivo por el cual la doctrina siempre señaló que el carácter de “parte” es estrictamente  procesal.  Como esa  manifestación  de voluntad, así como la determinación de lo reclamado  tiene que estar expresadas en la demanda,   su verificación es lingüística. Es que no puede  predicarse que un sujeto ha sido  demandado si, en dicho escrito, no está  el  enunciado que, claramente, exprese  esa decisión. Lo volitivo, la mera intencionalidad, es insuficiente para el derecho.  Al construirse como “parte” y atribuírsela a otro,  el actor tiene la carga de  cumplir con  las condiciones propias  del  enunciado realizativo que  está llevando a cabo.
Por lo apuntado, lo formal es muy importante en el proceso.
Veamos la cuestión desde la perspectiva del demandado. Si éste alega que “todo” lo que dice el actor en la demanda es falso,   expresa  lo mismo que si negara cada uno de los hechos allí relatados. ¿Dónde está la diferencia? Es claro que no la hay en  el plano meramente comunicacional: se está diciendo lo mismo. Pero como en el derecho las partes están constantemente “haciendo” cosas con el lenguaje, la función realizativa del enunciado  es la que exige cumplir con determinadas pautas. Entonces el demandado, para que su negativa tenga eficacia, tendrá que negar conforme a la regla contenida en el art. 356 del Código Procesal. Es decir, negando hecho o por hecho de manera individual.  De lo contrario,  su negativa no tendrá ningún valor y el Juez podrá tener por reconocido a los hechos lícitos que el actor expuso en la demanda.

1 Austin, John L. Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1982.

2 Veamos en el  siguiente caso, resuelto recientemente por la una Sala de la Cámara Civil de la Capital Federal, la importancia de una correcta identificación del demandado a los efectos de investirlo como “parte”(ver C.N. Civil, Sala H,   /6/10, “Kaso Margarita Esther c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y Perjuicios (Expte. N° 72.314/2005, R. 556.051, inédito).  El actor  demandó a Miguel Pizzi y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  alegando la ocurrencia de un accidente en ocurrido en la vereda situada en la calle Zelarrayan, esquina Cañada de Gómez de la ciudad de Buenos Aires. El Sr. Miguel Pizzi fue notificado bajo responsabilidad de la actora del traslado de la demanda y declarado rebelde. Luego de producida la prueba ofrecida por las restantes partes (actora y Gobierno de la Ciudad) se dictó sentencia (fs. 201/7) condenando a las accionadas. Con la notificación de la sentencia comparece el Sr. Michelino Ennio Pizzi y devuelve la cédula dirigida al Sr. Miguel Pizzi, afirmando que el nombrado es desconocido en el domicilio de la calle Cañada de Gómez en el que declara residir. A raíz de esa presentación, la actora promovió un incidente “de identidad de persona” que tuvo, para él, una resolución favorable: el Juez declaró la identidad, al menos para el proceso, de ambos (Michelino Ennio Pizzi  y Miguel Pizzi). Ante la apelación del Sr. Michelino Ennio Pizzi, la Cámara señaló las múltiples posibilidades con la que cuenta la  actora en orden a obtener  una correcta identificación del demandado – entre ellas la de plantear diligencias preliminares-. Recordó también que  si la actora pretendía  individualizar al propietario del inmueble frente al cual habría ocurrido el evento que motiva el reclamo, le bastaba con pedir un informe de dominio ante el Registro de la Propiedad Inmueble para saber con toda precisión los datos de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil de la persona a demandar. Nada de eso hizo el actor pues el tribunal destaca la ausencia de toda diligencia previa, idónea para identificar debidamente al accionado con antelación a la demanda.  Ahora bien,  cuando la Cámara señala que “si lo que en realidad la actora quiso hacer –y tal pareciera haber sido lo ocurrido en la especie- era demandar al propietario del inmueble frente al cual habría ocurrido el accidente, el defecto de citación no se puede sanear una vez dictada la sentencia contra un demandado diferente que nunca fue convocado al proceso ni compareció espontáneamente con anterioridad a la incidencia que da motivo a este recurso”, lo que  está  destacando es que la mera intencionalidad carece de toda relevancia para investir a alguien como demandado. Es necesario un acto (que se materializa a través de la lengua) de señalamiento, identificación y también de imputación - el demandado es aquél a quien se le atribuye un incumplimiento y se le exige que satisfaga una determinada pretensión - .

 

 
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