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¿ Puede declararse  la nulidad  de la  intimación de pago practicada en el  domicilio fijado contractualmente como domicilio “constituido” en  los términos de los  arts.  40, 41  y 542 del C.P.C.C. ?

                                                                                   por  Mónica  Barrera

SUMARIO: INTRODUCCION.  DOMICILIO. ESPECIAL  FIJADO CONTRACTUALMENTE   Y  PROCESAL.  ¿PUEDE  EL DOMICILIO  CONTRACTUAL  O ESPECIAL  VALER COMO DOMICILIO  CONSITUIDO?. INTERPRETACIÓN DEL  DOMICILIO DE ELECCIÓN A LA LUZ DE LA ACORDADA  22/91. PROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE LA INTIMACIÓN DE PAGO. CONCLUSION.  

INTRODUCCIÓN

Con sujeción al fallo anotado,  que trata  acerca del tema  adelantado en el título  de este comentario,  se  examinará  el concepto de domicilio regulado en los Códigos Civil y Procesal,  sus implicancias al  momento de practicarse  la citación establecida en el  art. 531  del C.P.C.C,  y la posibilidad de interponer la  nulidad de la intimación de pago en base a la imposibilidad que tuvo el demandado  de tomar conocimiento de la existencia del proceso judicial.  Asimismo, se abordará el alcance e interpretación del  domicilio de elección o convencional  a la luz de la Acordada 22/91  de la Corte  Suprema de Justicia de la Nación.

DOMICILIO

El domicilio es, en términos generales, el asiento jurídico de la persona, el lugar donde la ley supone que se encontrará siempre  para todos  los efectos legales. Existen dos  sentidos – en legislación y en doctrina- de considerar al domicilio: a) el lugar  concreto donde habita   una persona, sentido éste que constituye  el etimológico y originario de la palabra, del latín domicilium, de domus(1), casa  ( concepción de hecho );  b) el lugar en que una persona es ubicada por la ley  para sus relaciones jurídicas, sea que viva o no allí ( concepción abstracta, o de derecho) (2).  Mientras el  primer sentido coincide con la noción  de domicilio establecida  en el art. 89 del  Código Civil(3) ,  el segundo lo hace con  lo  prescripto en el  art. 90 del  mismo cuerpo legal(4). 
Resulta claro que en nuestro ordenamiento toda persona necesariamente tiene un domicilio, en tanto  dicha necesidad deriva, pura y exclusivamente, del interés de la autoridad pública, de los terceros, del mismo orden social,  y  del propio titular(5). Es decir, que la determinación del domicilio desempeña un papel  importante en las relaciones jurídicas  de los sujetos de derecho.
Conforme a lo normado en el Código Civil,  es conveniente recordar  que éste  define tres tipos de domicilios:  el real ( domicilio de origen),  el legal o de derecho y  el especial(6).

Dada la temática de nuestro trabajo, nos abocaremos al tratamiento de éste último, es decir el domicilio especial.

DOMICILIO ESPECIAL  FIJADO  CONTRACTUALMENTE  Y DOMICILIO  PROCESAL

El  domicilio  de elección es de origen contractual, como tal y en respuesta a la autonomía de la voluntad que lo inspira y justifica, es, en principio, inmutable mientras sobrevivan  consecuencias del negocio en el que se estipuló; es por lo tanto obligatorio y es especial  en tanto se pacta  con relación a cada contrato en particular.(7)   Este tipo de domicilio tiene por finalidad facilitar a las partes el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones  jurídicas que mantengan.
El mencionado domicilio es válido  - y deriva su legalidad del art. 101 del Cód. Civil - para notificar o practicar  actos que deban cumplirse  en el domicilio real(8). Ello,  en tanto hubiese  sido  constituido en instrumento público o bien, cuando habiéndolo sido en instrumento privado,  mediase reconocimiento  de la firma  consignada por la persona a la que se opone, o que se hubiese reconocido en  sede judicial o que hubiera sido  certificada  por escribano público.
La determinación del así llamado domicilio de elección se hace generalmente por la persona obligada y en beneficio del acreedor, quien  de este modo se evita tener que recurrir al domicilio real del obligado para cualquier reclamación que devenga del acto jurídico o contrato de que se trate(9).    
En cambio el domicilio procesal está establecido expresamente en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dicho ordenamiento le impone a toda persona  que litigue por su propio derecho o por la representación  de otra,  la carga o el deber de constituir domicilio procesal  y la de denunciar su domicilio real.(10)
El domicilio  ad litem  a diferencia del de eleccción es constituido  por cada una de las partes en un proceso determinado, a fin de  que todas las notificaciones ordenadas en él  ( ya que su válidez  surte efectos sólo en ese  proceso y sus incidentes(11) sean realizadas allí. También  en la practica, se lo denomina domicilio  ad litem o constituido,  llamado también legal(12), y debe ser fijado dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo  Juzgado o Tribunal(13).

¿ PUEDE EL DOMICILIO  CONTRACTUAL  O ESPECIAL  VALER  COMO DOMICILIO  CONSTITUIDO ?   

Sin perjuicio de que  en el fallo comentado se asimila el domicilio procesal al domicilio especial contractual,  creemos que existen  importantes diferencias,  que impiden  su equiparación. En primer lugar diremos que mientras el domicilio especial  corresponde a la órbita del derecho sustancial, el ad litem corresponde a la de la legislación procesal.
Ya dijimos que, el Código Civil permite fijar a  las partes como centro del cumplimiento de sus obligaciones convencionales un domicilio a tales efectos, y a los fines  del cumplimiento de las obligaciones derivadas de él, siendo accesorio de dicho contrato o negocio jurídico.   
Así, el domicilio  especial  del derecho civil es fijado fuera del proceso y su naturaleza es contractual –  rigiendo  para su interpretación y cumplimiento las normas del derecho de fondo-. Por esto,  el  alcance y los límites del domicilio de elección son fijados por las partes contratantes - autonomía de la voluntad-.
Este domicilio pasa a ser una excepción al domicilio general,  ya que de no haberse establecido un domicilio especial  contractual para practicar las notificaciones que  deriven de la ejecución de un contrato determinado, éstas  deberán cumplirse en el  domicilio  real o legal si lo hubiera. 
En cambio el  domicilio procesal, es una institución de orden público,  y su  fijación debe realizarse en el marco de un proceso judicial,  en la oportunidad   y  forma establecida en  el art. 40 del C.P.C.C. Por tal razón, el mismo se constituye – normalmente- conjuntamente con los escritos introductorios del proceso. En este orden de ideas, entendemos que es forzada la solución que interpreta que el
el art. 101 del Código Civil  habilita a asimilar el domicilio especial como procesal.
Lo decimos esencialmente  por estas razones:
En primer término, porque no existe  norma alguna  en el ordenamiento sustancial y procesal que permita inferir que este domicilio pueda hacer las veces de domicilio procesal. 
En segundo lugar,  al  tener  ambos domicilios fuentes distintas,  no se puede  extrapolar el domicilio especial  que tiene  naturaleza contractual- como ya dijimos- al ámbito del proceso, que  no la tiene.
En tercer lugar, nótese que  el art. 40 de la legislación adjetiva prevé  la constitución del domicilio ad litem  en  la primera presentación de la parte o audiencia a que concurra como primera actuación judicial,  y  en el marco del proceso ejecutivo ( art. 542 del C.P.C.C)  el deudor  tiene la carga de constituir domicilio  en el plazo  establecido para oponer excepciones, y de no hacerlo las futuras notificaciones se le cursaran en los términos del art. 133. Si por hipótesis el domicilio de elección pudiera  suplantar al  procesal  ( art. 40 y 41 del C.P.C.C.) se deberían realizar en él  todas las notificaciones  que deban ser realizadas  en los términos del art. 133  del C.P.C.C ( ministerio  legis ), desplazando de esta forma,  a la norma  citada,  y  modificando en este sentido el régimen de notificaciones establecido  en ella,  y en  la primera parte del  art. 41  y anteúltimo apartado  del art. 542 del  Código Procesal
Asimismo,  siguiendo este razonamiento,  la preparación de la vía ejecutiva debería realizarse en el domicilio contractual consignándose en la diligencia el carácter de constituido, cuando - en rigor de verdad - el art. 339 del C.P.C.C. establece expresamente que la citación se realizará por cédula y en el domicilio real del demandado. Disponiendo esta norma, que si no se encontrare al accionado, se le dejará el aviso de ley,  para que espere al día siguiente, y  recién  en este supuesto el oficial de justicia podrá  fijar la cédula. Siguiendo la hipótesis antes referida,  éste directamente  la fijaría en los términos del art. 141 del cuerpo legal citado, violentando de esta forma  la disposición establecida en el art. 339 del C.P.C.C.
Lo señalado en modo alguno importa restarle valor o eficacia al domicilio especial. Como enseña  el  maestro  Isidoro Eisner(14) el domicilio  especial de elección  sirve  siempre que se lo utilice  para actos que deban notificarse o cumplirse  en el domicilio real. El mismo,  sustituye a este último pero nunca al domicilio procesal. Así, lo expuesto no autoriza a  practicar las notificaciones en dicho domicilio como si fuera ad litem, por cuanto – como ya venimos sosteniendo-  no existe norma alguna que permita hacerlo valer como  domicilio procesal.
Debe repararse, además, que dada la naturaleza del domicilio procesal constituido, éste ha sido ideado por el codificador con el objeto de que se practiquen en él las notificaciones que deban efectuarse durante el curso del proceso, pero no la primer citación a la parte demandada que siempre debe hacerse en el domicilio real, legal  o  en el convencional fijado contractualmente,  ya que los dos últimos  domicilios reseñados, son válidos  para las notificaciones que deban cumplirse en el domicilio real  o denunciado ( art. 89, 90 y 101 del Código Civil ), conforme a lo ya  señalado en los anteriores párrafos.
Una solución distinta sería violatoria del ordenamiento  procesal,  ya que mal puede efectuarse un emplazamiento a comparecer ( todo traslado de la demanda o intimación de pago contiene esa carga) en un domicilio “constituido”  que  todavía no  ha sido fijado ( el demandado o ejecutado lo establece en su primera presentación).
Siguiendo la línea de  pensamiento que venimos desarrollando,  el profesor  Ramiro  Podetti  enseña: “ En el proceso, el domicilio contractual reemplaza al domicilio real y al de derecho ( art. 90 del CC);  sirve para notificar el acto introductivo de instancia, pudiendo suplir, como el real, al domicilio procesal general. Pero no lo reemplaza. Cualquiera sea la interpretación que se dé a los artículos del Código Civil que a el se refiere, es siempre domicilio civil; la prohibición de revocarlo y su subsistencia a todos los efectos del contrato para el cual se constituyó solamente se refieren a las relaciones entre las partes, fuera del juicio. La imperativa disposición del art. 1ro de la ley 14.327 ( similar a la de los arts. 40,41 y 42 del C.P.C.C.) en materia procesal, como sostuvimos  es de orden público, ya que se  persigue la ordenada y regular tramitación del proceso”.
Por ello, afirmamos que el domicilio fijado contractualmente es un tipo de  domicilio constituido, pero no es el  domicilio procesal constituido que menciona el  código procesal. Ello, en razón  de que el cuerpo legal mencionado  establece  solo  dos tipos de domicilio:  el real  y el constituido  procesal o ad litem.
Sintetizando  lo aquí  expuesto,  afirmamos que el domicilio especial que el deudor fija en un contrato no es un domicilio constituido procesalmente,  y  no corresponde   diligenciar el primer emplazamiento al proceso en  este domicilio  como  procesal(15). Es decir, que la diligencia- en este caso-  de intimación de pago,  deberá practicarse  como si fuera un domicilio real, y el oficial de justicia deberá proceder  de conformidad  a ello. Es decir,  deberá  realizarse de acuerdo a lo establecido en los  arts. 339 y  526,  en caso de tener que prepararse  la vía ejecutiva y  de acuerdo al 531, cuando proceda directamente  la  intimación de pago.
Por  los argumentos que hemos expuesto no coincidimos con el criterio sustentando por la Cámara en el fallo que comentamos . Desde nuestra óptica para que no exista  mengua alguna en el derecho de defensa  del ejecutado, en la intimación de pago llevada a cabo en el domicilio fijado en el contrato de mutuo instrumentado en escritura pública, debe consignarse en el mandamiento que el domicilio reviste el carácter de “ denunciado”.
Realizada la diligencia en estos términos, le queda al ejecutante la opción de practicarla bajo su responsabilidad en caso de que fracase,  emplazamiento que vinculará  al ejecutado si este voluntariamente ha fijado un domicilio – especial- en el que serán válidas  todas las notificaciones que se le practiquen  con motivo de la ejecución del contrato.
Tal fijación es acorde a lo dispuesto en el art. 101 del Código Civil, aún cuando el domicilio referenciado  no tenga los alcances del constituido procesal. En consecuencia, si el  ejecutante  obra de buena fe  la asunción de la responsabilidad de su parte, no le tendría porque acarrear ninguna consecuencia disvaliosa.
Es más, de esta forma se fortalecería la defensa de  la garantía constitucional del debido proceso sin dejar de lado el principio de celeridad que debe primar en éste,  y aún más en  el juicio ejecutivo.

INTERPRETACIÓN DEL  DOMICILIO DE ELECCIÓN A LA LUZ DE LA ACORDADA  22/91. CONCLUSION.  

Como bien  se refiere en el fallo  en estudio,  la Acordada de la Corte Suprema de Justicia 22/91 sustituyó el acápite 2.6 del punto 2 del art. 3 de la Acordada 13/87 estableciendo que en la confección de las cédulas – u otro tipo de emplazamientos-  solo podrá establecerse dos tipos de domicilio: denunciado y constituido.
Siguiendo  la línea de razonamiento expuesta en este trabajo, nos parece desacertada la interpretación que realiza el Tribunal respecto a esta Acordada, ya que,  a los efectos del proceso solo existe un tipo de domicilio constituido que es el  establecido en el art. 40 del C.P.C.C.,  los demás –  contractual  y legal -  al asimilarse al real , son denunciados.
En base a estos argumentos, se impone como principio, la diligencia del mandamiento de intimación de pago en el  domicilio real - ó sus asimilables legal y contractual – del deudor, entendiendo que el domicilio constituido en el ámbito del proceso  únicamente  es aquel que  lo ha sido  establecido por la parte en los términos de los arts. 40 y 542 del C.P.C.C.

 PROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE LA INTIMACIÓN DE PAGO.

El decreto de la nulidad de un acto procesal  es un remedio fundamental para aquellas situaciones  en las que dentro de un proceso se ha violado  el derecho de  defensa en juicio  de algunas de las partes. Esta, se  presenta así, como una herramienta central para el ejercicio de la garantía constitucional  referida.
La nulidad de  la ejecución, está legislada en el art. 545 del Código Procesal  de la Nación  y establece que el ejecutado dentro del plazo establecido en el art. 542, por vía de excepción  o de incidente podrá solicitar su declaración. Esta podrá  fundarse solamente en el caso de  no haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que  se depositará la suma fijada en  el mandamiento  o se opusiera excepciones, o por el  incumplimiento de las normas establecidas  para la preparación de la vía ejecutiva, y el ejecutado desconociera la firma, la obligación, el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición.
Como dijimos, también  puede plantearse como incidente, dentro del quinto día de conocido el acto viciado  y no consentido ( art. 170 del .CP.C.C.). Cabe aclarar que lo que se denomina nulidad de la ejecución, no lo es en forma absoluta, sino que esta referida a la nulidad – ineficacia- del o los actos procesales viciados, retrotrayéndose  el proceso al acto inmediato anterior que permanece  firme. 
De la lectura del fallo se advierte  que el mandamiento de intimación de pago dirigido  a las ejecutadas fue diligenciado al domicilio previsto  en  el contrato consignándose  en dicho instrumento  el carácter de constituido, cuando las accionadas no se habían presentado nunca en la causa como para tener un domicilio ad litem.  Obsérvese entonces,  que el mandamiento fue incorrectamente clasificado y por ello fue diligenciado por el oficial de justicia como  si fuera un  domicilio procesal,  cuando éste no revestía  tal carácter. Por ello, en el caso en estudio,  el pedido de nulidad queda  limitado  a la circunstancia de no haberse realizado legalmente la intimación de pago, y  por ello no haber tomado conocimiento  el ejecutado del  inicio de la ejecución, y de los actos posteriores a ésta.

CONCLUSION.  

A modo de conclusión,  destacamos lo siguiente:

1.- El domicilio especial fijado contractualmente de conformidad con lo establecido en el art. 101 del Código Civil, es idóneo para practicar  la intimación de pago prevista en el art. 531 del C.P.C.C.,  debiendo consignarse  en él  referido instrumento el carácter de domicilio denunciado, ya que éste domicilio reemplaza  al real pero nunca al procesal.

2.- En base a lo expuesto, no compartimos el criterio sentado en este fallo respecto de la válidez del domicilio fijado contractualmente en el proceso judicial,  en cuanto permite que  el primer emplazamiento se pueda realizar  en el domicilio de elección como si este fuera  ad litem o procesal.

3.- El decreto de la nulidad de un acto,  es un remedio fundamental para aquellas situaciones  en las que dentro de un proceso se ha violado  el derecho de  defensa en juicio  de algunas de las partes. Esta, se  presenta así, como una herramienta central para el ejercicio de la garantía constitucional  referida. Por ello, el  ejecutado  que no pudo tomar conocimiento de la ejecución, atento haberse practicado  la intimación de  pago en el domicilio de elección como si fuera este procesal,  le queda habilitada la vía recién  formulada.

(1)Diccionario de la Real Academia Española, voz domicilio. Pág. 492.

(2) Falcón , Enrique M. “ Tratado  de Derecho Procesal  Civil y  Comercial ”,  Tomo I, Parte  General ,  pág. 488, Primera Edición , Editorial  Rubinzal -Culzoni  Editores,  Enero del 2006. En este mismo sentido: Salvat--López  Olaciregui, Tratado de Derecho Civil  Argentino, Parte General, tomo I, No 889, pág. 785

(3)  Art. 89  del Cód.  Civil : “  El domicilio real  de las personas, es el lugar  donde tienen establecido el asiento principal de su residencia  y de sus negocios. El domicilio de origen es el lugar  del  domicilio del padre, en el día de nacimiento de los hijos”.  

(4) Art. 90  del Código  Civil: “ El domicilio legal  es el lugar  donde la ley  presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente  para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no este allí presente  y así : 1) los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas o de simple comisión; 2) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar  en que se hallen prestando  aquél, , sino  manifestasen  intención  en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar; 3) el domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones, autorizadas por las leyes o por el gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dió, no tuviesen un domicilio señalado;  4) Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar  de dichos establecimientos, para sólo  la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad; 5)  Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como lo que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual; 6) Los incapaces tienen el  domicilio de sus representantes;  7) El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión; 8) Los mayores de edad que sirven , o trabajan, o que éstan agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona de la persona a quien  sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera doméstica, habita otra casa que la de su marido.           

(5) Busso,  “ Código Civil  Anotado ” , Tomo I, pág. 559.

(6) Art.  101 del Código Civil: “ Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones”.

(7) Isidoro Eisner,“ Actos  procesales que  se pueden notificar o practicar  en el domicilio especial de elección” , La Ley 1995-A, pág.315. 

(8) Eisner, ob.cit. pág. 316 

(9)  Ricardo Lloveras Cossio, “ El domicilio de eleccción  o convencional ¿ En favor  de  quién  esta estipulado? ,  JA, tomo 1991-II,  en este mismo sentido Isidoro Eisner ob. Cit.     

(10) Art.  40 del CPCC: “ Toda  persona que litigue por su propio derecho o en representación  de terceros, deberá constituir domicilio legal  dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo  juzgado o tribunal...”

(11) En el mismo  sentido:  Jorge L. Kielmanovich, “ Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ”  Comentado y Anotado, tomo I, pág. 74, Editorial Lexis Nexis- Abeledo Perrot, de fecha 14 de marzo del 2003.   

(12) Primer párrafo del Art. 40   del  C.PC.C.  en una deficiente redacción  para hacer mención del  domicilio    procesal  se lo refiere como legal. 

(13) Conf.  CNCiv., Sala A, 26/7/94, La Ley 1995-B-427 .

(14) Eisner, ob. Citado.

(15) En el mismo sentido, Rubén, Domanico L. “ Ineficacia  del domicilio especial  consignado como constituido en el contrato prendario y el proyecto de reformas a la ley de prendas”, La Ley 1976-D,  Sección  Doctrina pág. 710

 

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