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Título: Nulidad de la notificación del traslado de la demanda.

Autor: Tessone, Alberto.


Publicado en: LA LEY 1997 - E, p. 848.

Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 1997/08/20 ~ Esquivel, Mabel A. c/Santaya, Ilda. 

SUMARIO: I. Límites de la anotación. II. El principio de trascendencia. Recepción legislativa. III. El principio de trascendencia a la luz del fallo anotado. IV. Las dificultades del justiciable. Afectación del derecho de defensa. V. Conclusión.

I. Límites de la anotación.

Con sujeción al fallo anotado, se examinará la nulidad de la citación para la defensa provocada por un vicio tal --v. gr. notificación en un domicilio falso-- que impide al demandado tomar conocimiento de la existencia del proceso judicial en el que figura como sujeto pasivo y, por ende, del contenido de la pretensión esgrimida frente a él.

A partir del supuesto de hecho descripto, se analizará cómo juega el principio de trascendencia receptado en materia de nulidades procesales, cuando el accionado, en cualquier etapa ulterior a la citación, sea noticia del proceso, aunque ignorando en ese momento, en forma precisa, cuál es el objeto y la causa de la pretensión entablada en su contra.

II. El principio de trascendencia. Recepción legislativa.

Conforme este principio, quien invoca la nulidad debe alegar y demostrar que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción (1).

Expresaba Couture al respecto, que la antigua máxima "pas de nullité sans grief" indica que las nulidades no tiene por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate, cabe vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Se incurriría en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacuo, sancionar con nulidad todos los apartamientos el texto legal, aun aquellos que no provocan perjuicio alguno (2).

En el proceso laboral, el principio ha sido recogido en el art. 58 de la ley 18.345 (Adla, XXIX-C, 2664), exigiéndose a la parte que peticiona la nulidad de actos procesales, que exprese el perjuicio sufrido y el interés que la lleva a pedir la declaración. Por otro lado, el art. 155 del mismo cuerpo normativo, remite al art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCN).

Este último dispositivo establece que el nulidicente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer (3).

La necesidad de exponer las defensas que no pudieron ensayarse como consecuencia del vicio que se denuncia, es fruto de la reforma de la ley 22.434 (Adla, XLI-B 2822), aunque, con anterioridad, la doctrina y la jurisprudencia se orientaban en el mismo sentido (4) (5).

Cuadra destacar, además, que en el proceso ejecutivo, cuando se arguye vía incidente la nulidad del acto de intimación de pago y citación para la defensa, el CPCN es más riguroso, por cuanto exige que el incidentista deposite la suma fijada en el mandamiento u oponga excepciones (art. 545 inc. 1º; ídem, 543 inc. 1º, Cód. Procesal de la Provincia de Buenos Aires --CPCBA--); no basta mencionar las defensas que no pudieron proponerse, sino que es menester deducirlas al promover la incidencia.

III. El principio de trascendencia a la luz del fallo anotado.

La Corte Suprema de Justicia considera que habiéndose notificado la citación para la defensa en un domicilio falso (considerando 3º), la indicación concreta de las defensas que el demandado se vio impedido de oponer, resulta de imposible cumplimiento al no haber tomado conocimiento de la pretensión con anterioridad a la presentación en la causa peticionando la declaración de nulidad (considerando 6º). Y que, en tales condiciones, dada la particular significación que reviste el acto impugnado, cabe inferir la existencia del perjuicio por el solo incumplimiento de los recaudos legales, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional comprometida, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (considerando 7).

Es claro que el Alto Tribunal ha efectuado una discriminación axiológica en base a una circunstancia fáctica de la causa, no contemplada en las referencias dogmáticas del art. 172 CPCN --ignorancia del contenido de la pretensión--, que desemboca en la aplicación restrictiva de la norma; concretamente, en la hipótesis preindicada, no cabe exigir al nulidicente la mención de las defensas que se ha visto privado de oponer.

La solución resulta convincente y genera adhesión pese a que el demandado, generalmente, tiene posibilidad de imponerse de la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo para promover el incidente de nulidad, según intentaremos demostrarlo a renglón seguido.

IV. Las dificultades del justiciable. Afectación del derecho de defensa.

Cuando el justiciable, sorpresivamente, toma conocimiento que se encuentra inmerso en un proceso con motivo de un acto procesal diverso de la comunicación del traslado de la demanda --puede ser un acto de coacción (embargo), como ocurrió en la especie anotada--, debe emprender conjuntamente con su abogado la preparación de la defensa. El primer paso, sin duda, será acudir a la sede del órgano donde tramita el proceso para verificar la existencia del vicio que afecta a la citación y, además, instruirse del contenido de la pretensión que, hasta ese instante, se desconoce, al menos, con precisión; bien que no es desdeñable la hipótesis que el asiento del juzgado se encuentre en otra circunscripción territorial, incluso, a una distancia apreciable del domicilio del demandado, en cuyo caso, las dificultades que tratamos de precisar se acrecentarán.

Luego tendrán que abocarse a la instrucción preliminar, destinada a la obtención de datos y probanzas indispensables para demostrar la irregularidad procesal que origina la nulidad; pero, además, esa instrucción preliminar debe estar enderezada a tomar conocimiento de la totalidad de los hechos involucrados en el conflicto determinante del proceso, individualizar los medios de prueba con que se contará y seleccionar las normas que se juzgan aplicables al caso a fin de dilucidar qué defensas se podrán puntualizar al promover el incidente (6).

Adviértase que aun en los procesos que, a diferencia del ejecutivo, solamente exigen mencionar las defensas que se opondrán en caso de declararse la nulidad, la instrucción preliminar debe ser tan profunda como la que se acomete al contestar una demanda regularmente notificada. Ello así, por cuanto la prealudida mención de las defensas, debe constituir una alegación concreta, no siendo suficiente la exposición abstracta o genérica (7); debe ser, además, seria, en el sentido que no se trata de anticipar cualquier postura defensiva, sino la que se adoptará más tarde, anulación mediante, ya que de lo contrario la previsión normativa carecería de significado y la conducta de la parte demandada vulneraría los deberes de lealtad, probidad y buena fe (art. 34, inc. 5º, apart. d) CPCN; ídem, CPCBA).

Quiere decir que si la futura defensa consistirá en una negativa, al promover el incidente de nulidad deberán negarse categóricamente los hechos; si se trata de la existencia de hechos extintivos o impeditivos, habrá que alegarlos; y si la controversia es jurídica, deberán citarse las normas respectivas. En suma, el nulidicente, conforme la preceptiva del art. 172 del CPCN, solamente está eximido de desarrollar por escrito los argumentos favorables --de hecho, de prueba o de derecho-- que pueden extraerse de esas negativas o alegaciones; como contrapartida, se encuentra sobrecargado, ya que debe describir con toda exactitud el vicio procesal que denuncia y ofrecer los medios de prueba pertinentes.

En el proceso laboral, toda esa actividad debe desplegarse en el plazo de tres días (art. 59, ley 18.345); en el proceso civil y comercial, en el término de cinco días (art. 170, CPCN). De lo contrario opera la convalidación del vicio (arts. citados).

Ahora bien, el legislador, en función --entre otras pautas-- de la mayor o menor complejidad presunta de los conflictos, estructuró diversos procesos, disponiendo en cada uno de ellos los plazos para contestar la demanda que juzgó indispensables para hacer efectivo el principio de contradicción y asegurar una razonable y suficiente oportunidad de audiencia y prueba al demandado. Así, en el ámbito laboral otorga no menos de 10 días (art. 68, ley 18.345); en materia civil y comercial, 15 días en el juicio ordinario (art. 338, CPCN), 10 en el sumario (art. 486, CPCN) y 5 en el sumarísimo (art. 498 inc. 2º, CPCN) y, en general, en los de ejecución (arts. 505, 542, CPCN) (8).

Pero, a los mismos fines, exige que la cédula de notificación vaya acompañada de las copias de la demanda. De modo que desde el momento que se practica la diligencia, el demandado conoce el contenido de la pretensión, encontrándose en condiciones de emplear todo el plazo concedido para la preparación de la defensa. A punto tal es así, que la omisión de la entrega de copias en el acto de la notificación autoriza, según la jurisprudencia predominante, a solicitar la suspensión del plazo para responder (9).

A la luz de los desarrollos que anteceden se patentiza la afectación del derecho defensa. La actividad extraprocesal (instrucción preliminar) que debe concretar el nulidicente en el término de tres o cinco días, según el tipo de proceso, es, prácticamente, tan compleja como la que debe desplegar para contestar la demanda. Sin embargo, en el proceso laboral y en el civil y comercial con estructura ordinaria o sumaria, el plazo previsto para deducir el incidente de nulidad es significativamente menor al que el legislador ha considerado adecuado para deducir oposición. En los procesos en que el término es de cinco días --v. gr., sumarísimo--, igualmente, de hecho, hay reducción, por cuanto buena parte de ese lapso, el justiciable debe emplearlo en examinar las actuaciones a fin de precisar el vicio procesal y tomar conocimiento del contenido de la demanda.

V. Conclusión.

En suma, aunque la demandada no se encuentre absolutamente imposibilitada de imponerse de la demanda antes de promover el incidente de nulidad, el requisito previsto en el art. 172 del CPCN es de difícil cumplimiento en función de la brevedad del plazo procesal concedido.

Resulta acertada, entonces, la doctrina que emerge del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Las formas están preordenadas para asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio; por ello, el quebrantamiento acarrear la nulidad en la medida que se frustre esa finalidad (art. 169, CPCN; ídem, CPCBA). De ahí, también, que se exija al justiciable afectado por un vicio procesal, cierta cooperación al deducir el incidente de nulidad; cooperación que se traduce en la mención de las defensas que se vio privado de oponer a raíz de la irregularidad. Mas, cuando el nulidicente encuentra impedimentos u obstáculos para prestar esa colaboración, no queda otra alternativa, pese al riesgo de arribar a un resultado estéril (nulidad por la nulidad misma), que relevarlo de la carga procesal y restablecer el orden transgredido para aventar toda posibilidad de indefensión.

(1)BERIZONCE, "La nulidad en el proceso", p. 82, Ed. Platense.

(2)"Fundamentos del Derecho Procesal Civil", p. 390, Roque Depalma, 3ª ed. (póstuma).

(3)Por explícita remisión del art. 149 del CPCN (mod. ley 22.434), el principio rige en materia de nulidad de las notificaciones; incluido el anoticiamiento de la citación para la defensa (remisión art. 345, CPCN).

(4)MORELLO - SOSA - BERIZONCE, "Códigos...", 2ª ed., t. II-C, ps. 367 y sigtes; PALACIO, L., "Derecho Procesal Civil", t. IV, Nº 351, p. 159 y sigtes.; MAURINO, A. L., "El artículo 172 del Código Procesal...", LA LEY, 1982-A, 920.

(5)En la Provincia de Buenos Aires, si bien el art. 172 del CPCBA no establece como requisito la mención de las defensas que no se pudieron oponer, pretorianamente se exige la observancia de esa carga procesal; ver MORELLO - SOSA - BERIZONCE, loc. y p. cit. en nota anterior.

(6)Ver nuestra nota, "El abogado y la instrucción preliminar", en este tomo p. 151.

(7)Ver MORELLO - SOSA - BERIZONCE, loc. cit., t. II-C, juris. cit. en p. 380.

(8)Hacen excepción, por ej., la ejecución prendaria (art. 29 t. o. dec. 897/95--Adla, LV-E, 5996--) y el apremio de la Provincia Buenos Aires (art. 5º, ley 9122 --Adla, XXXVIII-C, 2726--), que conceden 3 días para la interposición de excepciones.

(9)Ver juris. cit., MORELLO - SOSA - BERIZONCE, loc. cit., t. II-B, ps. 827 y 837. 

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