FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Una modificación sustancial al Código Civil

Por el Dr. Daniel Ricardo Altmark.

La sanción de la ley 25.506 –Ley de Firma Digital– implica un aporte fundamental, debido a que incorpora una reforma trascendente de nuestro Código Civil, aportando así al aggiornamento de nuestra legislación de fondo, y poniéndola al ritmo de la de los países más avanzados del mundo.
Como lo hemos sostenido con anterioridad, en trabajos publicados y en diferentes eventos académicos, el impacto de la informática en la sociedad ha producido transformaciones en todos los ámbitos de la vida social, planteando, en consecuencia, nuevos problemas e interrogantes que requieren, desde el ámbito del derecho, la elaboración de respuestas adecuadas.
En efecto, es función y objetivo de la moderna disciplina del derecho informático observar el nuevo fenómeno tecnológico, detectar aquellos nuevos problemas e interrogantes y elaborar, finalmente, soluciones jurídicas pertinentes ante los mismos.
Este método de análisis desarrollado por el derecho informático ha permitido el estudio y la solución de la nueva problemática jurídica de los contratos informáticos, el régimen legal del software, del moderno concepto de la privacidad y su protección en el marco del hábeas data, el valor jurídico y probatorio del documento electrónico, el régimen jurídico de los bancos de datos, los delitos informáticos o los nuevos problemas que, como fruto de la irrupción de la informática, impactan al derecho laboral.
Un nuevo fenómeno, en los últimos años, viene a sumarse a esta problemática y a plantear también desconocidos hasta entonces problemas jurídicos. Este fenómeno está representado por la irrupción de la comunicación telemática y en especial de Internet en la sociedad, que plantean la posibilidad de efectivización de relaciones jurídicas de distinto tipo, perfeccionadas en forma telemática, y que producen efectos a pesar de no haber sido instrumentadas por los medios tradicionales de instrumentación de las relaciones contractuales.
En este aspecto de nuestra reflexión, esa realidad de impacto de los medios telemáticos en la sociedad implica la irrupción de nuevos tipos de relaciones contractuales, insistimos, que no están instrumentadas sobre papel, escritas en grafía tradicional y firmadas, también con el concepto tradicional de firma manuscrita.
He aquí la primera gran problemática, o el primer desafío que se debía resolver desde el ámbito del derecho. El otorgamiento de valor jurídico y probatorio al documento electrónico o digital y a los medios electrónicos orientados a permitir la adecuada identificación del emisor de una declaración de voluntad.
Esto implica que la irrupción de la contratación telemática le planteaba al derecho el requerimiento de dos tipos de respuestas. En primer lugar el otorgamiento de un valor jurídico al documento digital, como lo sostuvimos anteriormente, y en segundo lugar, el adecuado reconocimiento legal de los medios técnicos de identificación del operador.
Hace años que la doctrina en nuestro país y en el mundo viene trabajando y debatiendo esta temática, habiéndose concluido que la nueva realidad implicaba la necesidad de introducción en las legislaciones de fondo de un moderno concepto sustancial de documento.
Ello es así porque el concepto clásico y tradicional de documento, receptado por el derecho civil continental y en especial por nuestro Código Civil, está sustentado sobre lo que podríamos denominar tres columnas o caracteres esenciales: el soporte tradicional (papel), la grafía tradicional y la firma.
Es decir que la necesaria compatibilización de la nueva realidad con el derecho vigente hacía necesaria la introducción de una reforma normativa que, a fin de otorgar pleno reconocimiento jurídico al nuevo documento digital, introdujera una reforma en la legislación de fondo, mediante la acuñación de un moderno concepto sustancial de documento que superase el concepto tradicional de soporte, escritura y firma.
Es claro que este desafío que la irrupción de la telemática le impuso al derecho fue recibiendo respuestas adecuadas en distintos ámbitos, sirviendo como antecedentes importantes la Ley de Firma Digital del estado de Utah, en los EE.UU.; la Ley de Firma Digital del estado de Nueva York; la reforma del Código Civil del estado de Quebec, en Canadá; la reforma del Código Civil francés; la ley italiana sobre regulación del documento electrónico; y la ley modelo de UNCITRAL, para dar sólo algunos ejemplos de este movimiento legislativo orientado a dar respuesta a la problemática sobre la que reflexionamos.
En este esfuerzo por abordarla en el ámbito de nuestro país, es importante señalar como antecedentes el proyecto de modificaciones al Código Civil vinculado con el valor jurídico y probatorio del documento electrónico de 1987, el proyecto de ley de Generación, Archivo y Transmisión de Documentos Digitales del año 1994, el proyecto de Código Civil y Comercial del año 1998, así como diferentes proyectos que intentaron, con uno u otro criterio, regular la operatoria de la firma digital.
De cualquier modo, es importante destacar la vigencia en nuestro país del art. 30 de la ley N° 24.624, complementaria permanente del Presupuesto Nacional y su reglamentación, la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 43/96, normas que han tenido por función, en el marco del proceso de modernización del Archivo General de la Administración Pública, otorgar pleno valor jurídico y probatorio al documento archivado digitalmente, aunque dicha norma reguló específicamente algunos tipos documentales y sólo en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
La reciente sanción de la ley N° 25.506 viene al encuentro de esta problemática, y en nuestra opinión, su más importante aporte reside en haber modificado el Código Civil, en la medida en que incorpora, como lo veremos más adelante, un moderno concepto sustancial de documento a nuestra legislación de fondo.
La ley que analizamos se denomina Ley de Firma Digital, y por ello parece oportuno hacer una breve digresión sobre el concepto.
La primera cuestión es volver a reflexionar sobre los medios adecuados de identificación del emisor de una declaración de voluntad, partiendo de la importancia jurídica, que en la contratación telemática adquiere esa identificación.
La tecnología ha puesto a nuestra disposición distintos medios para responder adecuadamente a este requerimiento. El primero lo podríamos definir como una combinación de claves, incorporada digitalmente una de ellas a una tarjeta y creada por el operador la segunda a su antojo. Es la clásica tarjeta necesaria para operar con la banca electrónica y que en dicho ámbito, después de 25 años, parece haber dado resultados aceptables.
Otro medio adecuado de identificación es el que aporta la ciencia de la biometría, es decir los medios biométricos de identificación del emisor de una declaración de voluntad. Estos medios se sustentan en el reconocimiento de alguna característica física del operador que se considera única, como el iris del ojo, la arquitectura de la mano, e inclusive algunos sistemas de reconocimiento de la voz.
El más moderno aporte de la tecnología para cumplir dicho objetivo, sin que ello implique quitar valor a los anteriores, es el de la denominada firma digital, que utiliza un sistema de criptografía asimétrica, sistema que otorga mayor seguridad a las transacciones en virtud de que opera con dos tipos de clave, la pública y la privada, no requiriendo que el receptor de un mensaje conozca la clave privada del emisor a efectos de tener acceso a su contenido. Por otro lado la criptografía asimétrica aporta también a la preocupación por garantizar la autenticidad del documento así como su inalterabilidad, en la medida en que se transforma en imposible intentar modificar o alterar su contenido, ya que el mismo constituye una unidad con la firma digital.
Decíamos que la Ley de Firma Digital N° 25.506 es una sanción legislativa trascendente, en nuestra opinión, en la medida en que a través de un conjunto de contenidos de su articulado produce una modificación sustancial en el concepto de documento contenido en nuestro Código Civil.
En efecto, el art. 1° de la mencionada norma otorga pleno valor y eficacia jurídica tanto a la denominada firma electrónica como a la firma digital. Es decir, en la preocupación por dar respuesta desde el ámbito del derecho al problema de la adecuada identificación del operador, el mencionado artículo le otorga eficacia jurídica a cualquier medio adecuado de identificación, de acuerdo con las condiciones que establece la propia norma.
El art. 3° incorpora uno de los conceptos más importantes de la reforma, al extender el concepto de firma a los medios electrónicos de identificación. En este sentido el mencionado artículo reza que “cuando la ley requiera una forma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia”.
En el art. 5° de la mencionada norma se sostiene que “se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital”.
Pareciera importante destacar que la ley otorga plena eficacia jurídica, tanto a la firma electrónica como a la digital, a pesar de otorgarles en algunos aspectos efectos diferentes.
En relación con dichos efectos, debemos tener presente que la ley establece una presunción de validez de la firma digital, es decir quien intenta impugnarla tendrá la carga de la prueba, mientras que en el caso de la firma electrónica, si ella o su autenticidad es desconocida por un tercero, la carga de la prueba es obligación del signatario.
Al referirse al documento digital en sentido genérico, la ley introduce en el art. 6° una extensión al concepto de soporte, que aporta a la construcción del moderno concepto sustancial de documento que incorpore la ley.
Así, dicho artículo sostiene que “…Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura”.
Como vemos a medida que avanzamos en esta breve reflexión, el art. 6° tiene la trascendencia de que no sólo incorpora o extiende el concepto de soporte sino que además extiende también el concepto tradicional de escritura a otros medios de expresión de la voluntad, diferentes de la grafía clásica.
Es importante extraer también del mismo artículo las referencias a la fijación, almacenamiento o archivo del documento. Dicho concepto exterioriza el hecho de que el reconocimiento jurídico establecido en el art. 1° al que hicimos referencia se extiende tanto al documento generado originariamente en forma digital, a su almacenamiento o archivo, como asimismo al almacenamiento o archivo de documentos generados originariamente en papel y digitalizados con posterioridad de conformidad con lo que establece la ley.
En este sentido, el art. 11° de la norma, que es bueno recordarlo, recoge el contenido fundamental del art. 30° de la mencionada ley 24.624. Al referirse al original dice que “los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación”.
Hacemos expresa referencia al art. 30° de la ley N° 24.624, ya que dicha norma no sólo otorga pleno valor jurídico al documento archivado digitalmente, sino que permite en función de la aplicación de un procedimiento específico la anulación y destrucción del original en papel, otorgando al nuevo documento digitalizado el carácter de original.
Finalmente, en los aspectos de la norma sobre los cuales nos interesa reflexionar en este breve aporte, el art. 12° reglamenta la conservación de documentos digitales, estableciendo como condición de validez que los mismos sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.
Si bien la ley N° 25.506, como aporte trascendente, analiza a partir del art. 13° la estructuración de la infraestructura necesaria para el funcionamiento y la operación de la firma digital en nuestro país, obviaremos su análisis aquí, en función de no constituir el objeto de esta breve reflexión.
Por el contrario, nos pareció oportuno señalar en estas líneas el aporte esencial que significa la sanción de la Ley de Firma Digital, en la medida en que incorpora una reforma trascendente de nuestro Código Civil, aportando así al aggiornamento de nuestra legislación de fondo, y poniéndola al ritmo de la de los países más avanzados de mundo.
Finalmente, es importante resaltar que si bien la ley 25.506 se encuentra vigente desde su oportuna publicación en el Boletín Oficial del 20 de diciembre del año pasado, que viene a reglamentar el contenido de la norma regulatoria del documento y la firma digital, viene a completar el complejo normativo resolviendo aspectos tales como la determinación de la autoridad de aplicación, la constitución del Ente Administrador de Firma Digital, el sistema de auditoría y la determinación de los estándares tecnológicos requeridos.
La ley que comentamos y su reciente reglamentación destraba desde el ámbito normativo el camino para la operatoria del documento y la firma digital en las organizaciones públicas y privadas, las que deberán adecuar su operatoria a los requerimientos de la ley, así como elaborar su normativa interna comúnmente denominada pirámide operacional.

* El Dr. Daniel Ricardo Altmark es director del Programa de Actualización de Posgrado en Derecho Informático de la Facultad de Derecho (UBA); coordinador ejecutivo del Proyecto Digesto Jurídico Argentino y director del Instituto de Informática Jurídica del CPACF.

 

El Procesalista © 2006
Pagina Principal   |   Profesores   |   Programa    |    Cronograma    |    T. Practicos   |    Lecturas   |    Codigos