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Título: ¿Se encuentra vigente la suspensión del plazo para contestar la demanda?
             
Autor: Salgado, José María

Publicado en:  LA LEY 04/05/2006, 1

SUMARIO: I. Introducción. — II. Los sistemas. — III. La excepción de defecto legal en las distintas etapas del Código Procesal. — IV. La derogación tácita operada por la última reforma. — V. El fracaso del viejo diseño. — VI. La interpretación que propongo.

I. Introducción
El proceso es un sistema.
Entre las muchas formas en que puede ser descrito el ordenamiento ritual, tomo para este trabajo aquella que lo sindica como un "conjunto único y ordenado cuyos componentes son coherentes y solidarios entre sí. El sistema implica siempre la subordinación y coordinación de elementos" (1).
A partir de la premisa propuesta pretendo analizar la excepción de defecto legal en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —luego de la reforma de la ley 25.488 (Adla, LXI-E, 5468)—, en especial la posibilidad de suspender el plazo para contestar la demanda. Veremos que, dependiendo de la interpretación que del instituto se efectúe, podría desmantelarse la armonía del ordenamiento favoreciendo ostensiblemente la actuación del excepcionante en desmedro de la posición del actor o del reconviniente.
Finalmente, propondré una tesis interpretativa que pretende superar los problemas de disfuncionalidad del sistema.
II. Los sistemas
La introducción de la Teoría General de los Sistemas desde el campo de la filosofía a las demás ciencias importó abandonar aquella concepción de la ciencia analítica según la cual a través de la fragmentación del todo, de su atomización, se podía comprender mejor el fenómeno estudiado, por una nueva que contempla que la interacción de las partes es distinta a la composición fragmentaria del mismo. Es decir que el todo es más que la suma de las partes y que su conocimiento no depende de la fragmentación, sino del estudio de la correlación de sus componentes.
Falcón define al sistema como "el conjunto de actos y elementos interrelacionados, destinados al cumplimiento de un objetivo" (2); ese objetivo, en términos del derecho procesal, es la solución de un conflicto.
El Código Procesal, como procesador de los insumos del sistema, tiene a su vez dos elementos integradores que permiten su adecuado funcionamiento, el control y la retroalimentación (3). El primero permite comparar lo efectivamente realizado con lo previsto en un comienzo y brinda la información necesaria para que la retroalimentación pueda corregir los errores que se generen, en algunos casos utilizando las opciones que le brinda el procesador.
Esbozadas sucintamente las características de los sistemas, podemos decir que las excepciones (4) son un subsistema dentro del proceso que permite corregir su constitución, enmendar errores o, llegado el caso, extinguirlo evitando la dilapidación de recursos. Dentro de dicho subsistema, el impedimento procesal del defecto legal tiende a poner claridad en las pretensiones a efectos de que el requerido pueda ejercer eficazmente su derecho a defenderse. Es así que el fin último del mismo es la igualdad de las partes. Y es tal su importancia que es deber del juez, antes de proceder al emplazamiento, observar si la demanda cumple con los recaudos del art. 330 del CPCC (art. 337 de ese cuerpo de normas).
III. La excepción de defecto legal en las distintas etapas del Código Procesal
Realizar una revisión histórica de lo que ha ocurrido en nuestro sistema procesal en relación a la excepción de defecto legal y a la suspensión del plazo para contestar la demanda nos va a permitir tener una perspectiva de las distintas etapas, observar la forma en que el dispositivo operaba y recordar las distintas posturas doctrinarias que se fueron ocupando de su diseño.
Es conveniente dividir la evolución en tres momentos: el I comienza con la instauración del Código Procesal de la Nación como sistema integral; el II se inicia a partir de la reforma de la ley 22.434 (Adla, XLI-B, 2802); y el III, que motiva este trabajo, a partir de la ley 25.488.
1. El sistema en su versión original, ley 17.454 (5)
La primera versión del Código Procesal no preveía la posibilidad de suspender el plazo para contestar la demanda mediante la interposición de la excepción en estudio. Ello había motivado severas críticas, ya que el demandado, que pedía que la demanda fuera subsanada, se veía obligado contemporáneamente a satisfacer el emplazamiento a contestarla (6).
En ese entonces las excepciones de previo y especial pronunciamiento podían ser interpuestas en los procesos sumario y ordinario. En el primero junto con la contestación de la demanda en un plazo máximo de diez días, dado que al tratarse de un proceso abreviado ambos actos se encontraban concentrados en un sólo momento (art. 488 del CPCC). En cambio en el proceso ordinario los mismos podían efectuarse en forma separada, la oposición de excepciones en el plazo de diez días y la contestación de la demanda en el de quince días. Por su parte en el proceso sumarísimo, en el ejecutivo o en el de ejecución de sentencia, las excepciones serían resueltas en la sentencia —esto se mantuvo inalterable hasta la actualidad—, sin que exista la posibilidad de una etapa previa como en los dos primeros procesos mencionados.
Tampoco el trámite posterior de la excepción estaba adecuadamente reglado. Si bien por una parte se establecía que, de ser acogida la misma, el juez debía fijar el plazo para que los defectos sean subsanados (art. 354 inc. 4°), por otra no se preveía en forma expresa que el demandado pudiera contestar la nueva demanda corregida. Ello motivó que Fassi recomendara que al interponer ese impedimento procesal se hiciese expresa reserva de ampliar la contestación de la demanda en una eventual etapa posterior (7).
2. Segunda etapa. Ley 22.434 y la suspensión del plazo (8)
En este segundo momento la ley 22.434, recogiendo la crítica de la doctrina, introdujo el dispositivo de la suspensión del plazo para contestar la demanda para determinadas excepciones previas. Así, modificando el último párrafo del art. 346, estableció como regla que la interposición de excepciones no suspendía dicho plazo a menos que se tratase de las de falta de personería, arraigo y defecto legal. También incorporó el art. 354 bis que regulaba los efectos del rechazo o del acogimiento de esas excepciones; en relación al defecto legal, el juez en el primer supuesto debía declarar reanudado el plazo para contestar la demanda y en el segundo correr un nuevo traslado por la totalidad del término originario.
Procuró el legislador corregir los defectos de la versión original, pero al hacerlo generó otra controversia. Es que la reforma omitió tener en cuenta que, tal como lo mencionamos en el punto precedente, en el proceso sumario se encontraban concentrados los actos de oponer excepciones y de contestar de la demanda.
Una tesis minoritaria postulaba que el plazo suspensivo se oponía a las pautas de celeridad y sencillez que presidían el proceso sumario, por lo que no debía ser aplicada al mismo (9) y que, dado que existía concentración de actos procesales en un sólo momento (10), no cabía la existencia de la suspensión mentada (11). Siguiendo esa hermenéutica, el plazo suspensivo sólo debería haber regido en el proceso ordinario en el que ambos actos se encontraban desconcentrados.
En cambio, la postura mayoritaria y más aceptada en la práctica predicaba que la introducción del último párrafo del art. 346 derogaba tácitamente el art. 488 del CPCC (12), norma aplicable exclusivamente al juicio sumario, que establecía que las excepciones previas debían interponerse con el escrito de contestación de la demanda y que había sustentado la tesis minoritaria anotada en el párrafo que precede (13).
3. Etapa actual, ley 25.488 (14)
La ley 25.488 modificando el primer párrafo del art. 346 prescribe que las excepciones previas deberán interponerse "... en un solo escrito juntamente con la contestación de demanda o la reconvención.". En ese contexto, eliminado el juicio sumario por la norma citada y ya que en el sumarísimo, en el ejecutivo o en de ejecución de sentencia no resultan admisibles las excepciones de previo y especial pronunciamiento, el legislador establece en el juicio ordinario la concentración de dos actos —oposición de excepciones y contestación de demanda— en un solo momento.
En principio dicha modificación resulta concordante con la eliminación del segundo párrafo del artículo en cita, que establecía un plazo especial para aquellos casos en que el demandado fuera la Nación, una provincia o una municipalidad; o del tercero que preveía el cómputo del plazo de las excepciones para los casos en que el accionado se domiciliara fuera de la jurisdicción.
Sin embargo, el mismo artículo en su último párrafo quedó sin corrección alguna, con la misma redacción con la que había sido introducido en la etapa anterior que, como ya lo señalamos, establecía que la interposición de los impedimentos procesales de falta de personería, defecto legal o arraigo suspendía el plazo para contestar la demanda.
Resulta curioso que se haya mantenido este último párrafo, ya que si la oposición de las excepciones y la contestación de la demanda deben efectuarse en un mismo momento por arbitrio de la concentración de actos, ¿cómo es posible que entre ambas pueda existir un plazo susceptible de ser suspendido?
El legislador tampoco se ocupó de modificar el art. 354 bis del CPN —que establece el efecto de la admisión o del rechazo de las excepciones mencionadas— dejando abierta la interpretación de las normas citadas a cada operador jurídico. De ello me ocuparé en los párrafos siguientes.
IV. La derogación tácita operada por la última reforma
La reforma introducida por la ley 25.488 reedita en parte aquella discusión habida en la segunda etapa en el marco del proceso sumario. Ello es así en virtud de la concentración procesal de actos prescripta en el nuevo art. 346, en su primer párrafo.
No puedo en este punto dejar de señalar que la doctrina, casi en forma unánime, es conteste en afirmar que la interposición de excepciones de defecto legal, arraigo y falta de personería, no obstante las evidentes contradicciones de orden interpretativo señaladas en este trabajo, suspende el plazo para contestar la demanda (15). En esa línea Oteiza postula que es posible suspender el plazo para contestar la demanda mediante la articulación de las excepciones mencionadas, ya que le otorga valor enunciativo a la primera parte de la norma (16). Palacio señala que, no obstante los desaciertos en que ha incurrido el legislador, esa es la única solución posible —la suspensión del plazo— (17). Con una opinión contraria aparece Leguisamón, para quien la reforma ha concretado la concentración de actos en un mismo momento, por lo que recomienda la conveniencia de oponer la excepción y contestar la demanda en forma conjunta a fin de evitar la posible preclusión de este último acto por consumación, ello hasta tanto la jurisprudencia se expida al respecto (18).
Mi opinión es coincidente con las críticas que se le han formulado a la reciente reforma, sin embargo me permito disentir sobre la interpretación que debe hacerse del nuevo plexo normativo.
En primer lugar creo que debemos sincerar lo ocurrido con la ley 25.488: ésta carece de toda planificación integral, por lo que no puede sostenerse criterio interpretativo alguno derivado de sus motivaciones legislativas en aras de buscar las pautas que permitan dilucidar el sentido de sus modificaciones. También debemos asumir que la misma irrumpe en el Código Procesal de la Nación en forma abrupta, desatendiendo la correcta integración del sistema. Muestra de ello son las incongruencias señaladas en este trabajo en relación a las excepciones previas; además existen otras, también notorias, tales como la recusación sin expresión de causa (art. 14), donde se vislumbra la contradicción entre el segundo y último párrafo respecto de su procedencia en los procesos de ejecución, o todos aquellos artículos (22 en total) que se siguen refiriendo al proceso sumario que la misma norma ha derogado.
Creo que ante el nuevo diseño debemos ser consecuentes con la hermenéutica efectuada en las etapas anteriores, por lo que siguiendo la tesis interpretativa que postula la derogación tácita de aquellas partes del sistema que se opongan al aggiornamento del mismo y que no puedan ser objeto de una interpretación conjunta y armónica —otrora utilizada en forma mayoritaria para justificar la validez de la suspensión del plazo para contestar la demanda en el proceso sumario—, fácilmente se debe concluir que, más allá de la omisión legislativa, ha operado la derogación tácita del último párrafo del art. 346 y de la primera parte del art. 354 bis; ello, dado que son normas lógicamente incompatibles con las dictadas más recientemente y, en efecto, resulta imposible imaginar un lapso de suspensión entre dos actos que deben realizarse en forma conjunta.
V. El fracaso del viejo diseño
Antes de entrar en el desarrollo de la interpretación que, según mi criterio, corresponde efectuar en la actualidad, formularé algunas críticas al sistema que preveía la posibilidad de suspender el plazo para contestar la demanda mediante la interposición de las tres excepciones a las que me vengo refiriendo.
Tengo para mí que el diseño que se le había dado a la excepción de defecto legal luego de la reforma de la ley 22.434, si bien respondía a las exigencias doctrinarias de aquel entonces que destacaban la contradicción de obligar al demandado a contestar una demanda oscura (19), no había logrado una implementación cerrada y armónica.
Digo esto por cuanto el accionado, haciendo un aprovechamiento de las falencias del antiguo sistema, tenía la posibilidad de obtener un plazo superior al otorgado por el ordenamiento para contestar la demanda mediante la sola interposición de una infundada excepción de defecto legal —suspensión mediante—, a cambio del pago de las costas que su rechazo habría de ocasionarle. Pienso que una derivación de esas características era contraria a las postulaciones rectoras del Código Procesal de la Nación, sin embargo en la práctica podía resultar de uso común. Dicho obrar importaba, no está de más recordarlo, la violación de las pautas de igualdad que deben gobernar el proceso, aunque era una opción siempre tentadora para el accionado desleal y pícaro, que obtenía de esta manera un tiempo de sumo valor para perfeccionar su estrategia defensiva. La mera articulación suspendía el plazo para contestar la demanda, no importaba que luego el magistrado rechazara "in limine" la misma por carencia de fundamentación, siempre debía indicar que el plazo para contestar la demanda se encontraba reanudado (art. 354 bis, primera parte).
El nuevo esquema, siguiendo la tesis que propongo según la cual la ley 25.488 ha derogado tácitamente el art. 346, último párrafo y el art. 354 bis, primera parte, como veremos, no importa retrotraernos a la primera etapa del Código Procesal en la que el accionado se veía obligado a responder una demanda oscura y en la que no se preveía la oportunidad del encartado, favorecido por la excepción, de contestar la demanda corregida. Por obra de la casualidad derivada de una reforma huérfana de debate y fundamentos, emerge un diseño renovado que mantiene en el trámite de la oposición de la excepción de defecto legal la igualdad de las partes en el litigio.
De no seguirse la hipótesis de la derogación tácita, quedando vigente en consecuencia las normas citadas, dejo planteadas las objeciones que preceden a la utilización del sistema.
VI. La interpretación que propongo
Como vengo diciendo, la reforma introducida por la ley 25.488 con poco rigor legislativo y menos fundamentos técnicos, intentó "modernizar" el Código Procesal de la Nación y sucumbió ante el facilismo de quitar uno de los procesos existentes y retocar con mano torpe distintos institutos del mismo. El mayor problema, como lo señala Oteiza (20), es que no aportó una propuesta superadora del viejo ordenamiento y se conformó con pequeñas modificaciones generan grandes conflictos para los operadores a la hora de tener que ocultar las falencias de diseño que han quedado. Este trabajo intenta superar una de las desconexiones que atentan contra el funcionamiento razonable del sistema.
La presente interpretación tiende a optimizar los recursos que brinda el plexo normativo a efectos de lograr un mejor desenvolvimiento del litigio; en ese ideario, debo considerar las distintas hipótesis de trabajo que podrían derivarse de su uso, ya que, como vimos, en algunos casos la igualdad de las partes podría verse vulnerada.
Me parece oportuno recordar las enseñanzas de Clemente Díaz, quien, basado en la experiencia, señalaba que, "... en escasísimas oportunidades la oscuridad del libelo ha impedido contestar la demanda y que son más los casos de improcedencia que los de procedencia del impedimento legal de defecto legal." (21). Es que de otra manera, agrego, se vería opacada la tarea de los jueces, quienes obligados por la ley a examinar cuidadosamente las demandas (art. 337 anteriormente citado), no lo habrían hecho.
Es claro, o al menos lo es para mí, que otorgar al accionado la posibilidad de valerse de una argucia procedimental, como la que he descrito para obtener una ventaja a la hora de contestar la demanda, es una respuesta sistémica disvaliosa.
Como dijimos, en la actualidad el Código Procesal de la Nación ha concentrado en un sólo momento dos actos procesales, la interposición de excepciones y la contestación de la demanda. Ahora bien, favorecer la celeridad de las actuaciones no puede justificar en modo alguno que se fomente, en los hechos, la desigualdad de los contendientes.
Decimos esto, por cuanto pueden elaborarse las siguientes hipótesis de trabajo: a) Que la demanda sea oscura y que, por ese motivo, el demandado se vea obligado interponer la excepción de defecto legal y; b) Que la demanda no presente problemas y sin embargo el demandado pretenda abusar del proceso interponiendo un impedimento procesal infundado e intente ganar un tiempo valioso a la hora de enarbolar una adecuada defensa.
La primera hipótesis anotada, sin que se encuentre prevista la suspensión del plazo para contestar la demanda, podría presentar los reparos que precedentemente hemos señalado y que hace más de treinta años motivaron las críticas de la doctrina al primigenio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454 —Adla, XXXVII-C, 2676—). Sin embargo estas objeciones pueden ser acabadamente solventadas si utilizamos otro de los institutos que favorecen la celeridad procesal: el principio (o sistema) de la eventualidad.
En ese contexto, el emplazado mediante una demanda oscura puede oponer la excepción correspondiente y, en subsidio, para el evento de que la misma no sea receptada, deberá contestar la demanda. Obviamente que si la demanda no es clara, sólo podrá contestar aquellas partes que puedan comprenderse. Ahora bien, continuando con el desarrollo de la primera hipótesis, de tener resultado favorable al accionado la excepción de defecto legal, el actor deberá subsanar los defectos (art. 354, inc. 4° del CPN) y se le correrá un nuevo traslado al demandado por la totalidad del plazo originario. Adviértase que cuando me refería a la derogación tácita operada en el sistema no mencioné la segunda parte del art. 354 bis, ya que la misma no es incongruente con las modificaciones provocadas por la ley 25.488.
En el segundo supuesto hipotético, desestimada la excepción, la demanda que no adolecía de defectos habrá quedado debidamente contestada.
Sostengo que la presente interpretación responde adecuadamente a las necesidades del sistema y supera las dificultades —en lo que hace a la excepción en estudio— por las que fueron justamente criticadas las estructuras de las leyes 17.454 y 22.434. En el primer caso evitaremos el abuso del actor presentado pretensiones confusas y, en el segundo, el del demandado oponiendo planteos dilatorios.
En lo que hace a las excepciones de falta de personería y arraigo es aplicable la derogación tácita del art. 346, último párrafo y del 354 bis, primera parte, del CPN, aunque resulta mucho menos dificultoso su trámite posterior.
Finalmente resta señalar que la presente es una propuesta que intenta superar las dificultades que aparecen en la tarea diaria, que nació a partir de discusiones entre amigos y que se encuentra abierta a la complementación, corrección o refutación por cualquier otra tesis que supere las incongruencias que han quedado denunciadas.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) MANS PUIGARNAU, "Lógica para juristas", p. 154, citado por Falcón en "Tratado de la Prueba", t. 1, p. 8, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003.
(2) FALCON, "Tratado de la Prueba", cit., p. 189.
(3) FALCON, ob. cit., p. 197.
(4) Resulta muy ilustrativa la clasificación que efectúa Carlo Carli cuando diferencia las defensas, las excepciones propiamente dichas y los impedimentos procesales. "La demanda civil", Ed. Lex, Buenos Aires, 1973, p. 161.
(5)(5)Sancionada y promulgada el 20/09/1967, B.O. 07/11/1967 y con vigencia a partir del 01/02/1968.
(6) BELLUSCIO, "Aciertos y errores del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", LA LEY, 129-1142; SAGESSE y PEREZ CORTES, "La excepción de defecto legal en la ley 17.454", JA, 1968-V-660; EISNER, "La excepción de defecto legal frente a la exigencia de contestar la demanda", LA LEY, 134-1286; AYARRAGARAY, Carlos A., "La excepción de defecto legal (oscuro libelo) frente a la exigencia de contestar la demanda", LA LEY, 136-1370.
(7) FASSI, Santiago C., "Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado", t. II, Astrea, 1978, 2ª ed. actualizada y ampliada, p. 89.
(8) Sancionada y promulgada el 16/3/81, B.O. 26/03/81, con vigencia a los 120 días de su publicación.
(9) Cabe recordar que el derogado art. 497 del CPN establecía que se aplicarían al proceso sumario las normas generales en cuanto no fueran incompatibles con el mismo.
(10) Así lo establecía el art. 488 del CPN.
(11) SALGADO, A. J., "La oposición de excepciones de falta de personería, defecto legal y arraigo, no suspende el plazo para contestar la demanda o reconvención en el proceso sumario", LA LEY, 1984-A, 768.
(12) Hoy derogado expresamente por la ley 25.488 (Adla, LXI-E, 5468).
(13) FALCON, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. III, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984, p. 454.
(14) B.O. 22/11/2001, con vigencia a partir del 22/05/2002.
(15) KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y anotado", t. II, LexisNexis, Abeledo-Perrot, 2003, p. 564; ARAZI, Roland, y ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Análisis exegético de la reforma", 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 96; GOZAINI, Osvaldo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y anotado", t. II, La Ley, 2002, p. 262; FASSI, Santiago C. y MAURINO, Alberto, "Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado", t. 3°, Astrea, 3ª ed. actualizada y ampliada, p. 228.
(16) OTEIZA, Eduardo, "Los procesos de conocimiento amplios", en Falcón, Enrique M. (coord.), Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 2ª ed. act., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, ps. 145/146.
(17) PALACIO, Lino E., "Régimen de las excepciones de falta de personería, defecto legal y arraigo en la ley 25.488", en Revista de Derecho Procesal, Defensas y excepciones - I, ed. Rubinzal Culzoni, p. 49.
(18) LEGUISAMON, Héctor E., "Oportunidad para oponer las excepciones de falta de personería, defecto legal y arraigo", LA LEY, 2004-C, 1413.
(19) Ver trabajos citados en la nota 6.
(20) OTEIZA, Eduardo, "Los procesos de conocimiento amplios", en Falcón, Enrique M. (coord.), "Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2ª ed. act., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002.
(21) CARLO CARLI, ob. cit., p. 197.

Guías de lectura.

 Salgado, José María, “¿Se encuentra vigente el plazo de suspensión para contestar la demanda?”, LL 4/5/06, p. 1.

1- ¿Qué excepciones tienen prevista, a partir de su interposición, la suspensión del plazo para contestar la demanda?

2- ¿Se preveía la suspensión del plazo para contestar la demanda en la primera redacción del Código Procesal de la Nación –ley 17.454?, ¿qué perjuicios se denunciaban en aquella época?

3- ¿Cuándo se introduce el dispositivo que prevé la suspensión del plazo?

4- La interposición de excepciones y la contestación de la demanda son actos procesales distintos que pueden realizarse en forma separada o conjunta –sistema de concentración procesal- ¿Cómo se efectuaban esos actos en la segunda etapa cuando se encontraba vigente el proceso sumario? ¿Qué ocurre actualmente en el proceso ordinario?

5- ¿Cuál es la contradicción normativa que se verifica en la última etapa –ley 25.488-?

6- ¿Cómo opera el principio de la eventualidad frente a las dudas generadas por la reforma del Código Procesal?

 

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