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EL  RECURSO DE  APELACIÓN  INTERPUESTO  POR  LA ASEGURADORA , ¿BENEFICIA AL ASEGURADO QUE CONSINTIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA? (un nuevo examen de la cuestión a luz de lo resuelto por la CSJN en la causa “Ávila”)

Por Alejandro C. Verdaguer.

I.  Introducción
            La Cámara Civil, quince años atrás,  en el  plenario “Flores” [1]  decidió que “es apelable por la aseguradora citada en garantía la sentencia consentida por su asegurado”. De esa manera  resolvió una cuestión respecto de la cual existían posiciones contrapuestas en sus diversas salas,  y lo hizo   siguiendo la directriz que en el tema  puntualmente había sentado la Corte Suprema de Justicia[2] .  La doctrina  establecida   por el  plenario,  correcta desde  nuestra óptica   pues garantizó el derecho de defensa en  juicio  de la aseguradora,   si bien despejó un interrogante también  generó uno   nuevo. Decimos esto pues   si la aseguradora puede apelar,  no obstante haber el asegurado consentido la sentencia, cabe preguntarse   ¿qué ocurrirá  en aquellos casos en  los  que   obtenga   la  revocatoria de  la sentencia condenatoria dictada en su contra,  o  -al menos-  la reducción de los montos de la  condena?   Más concretamente, el recurso por ella  interpuesta  ¿beneficia   al asegurado que no apeló?
            Este  tema,  los hemos analizado   en un trabajo publicado hace ya más de diez años[3] . No obstante,  creemos que por su importancia merece  un nuevo abordaje  en el que trataremos de explicar el  estado de  la cuestión  al  día de hoy,   los  nuevos enfoque que se han propuesto,  tanto en  jurisprudencia como en doctrina,  en la  aplicación  del llamado principio de personalidad de la apelación, y el tratamiento que la Corte Suprema de Justicia le dio al tema.  

II. La cuestión litisconsorcial.
            Es indiscutible que asegurado  y aseguradora conforman, desde un punto de vista procesal, una relación  litisconsorcial[4] . Sabemos que el Código Procesal ha previsto dos tipos de litisconsoriso: el necesario y el facultativo (voluntario). En el primero de ellos se requiere que la pretensión procesal sea planteada respecto de todos los titulares de la relación sustancial, pues ésta es indivisible. De lo  contrario,  la pretensión fracasará irremediablemente  por  una  constitución  defectuosa de la relación procesal. En cambio, en el litisconsorcio facultativo  el actor puede elegir a  quién  demandar (a todos los titulares de la relación sustancial o sólo algunos).
      Ahora bien, cuando escribimos el trabajo antes citado entendimos que,  en  la  respuesta al interrogante que formulamos,  era clave dilucidar  qué tipo  de litisconsorcio  conforman la aseguradora y el asegurado  pues, hasta ese momento, nadie discutía – ni en doctrina ni en jurisprudencia – que  cuando el litisconsorcio es facultativo  se aplica  a rajatabla el principio de  personalidad de la apelación. Es decir, el recurso sólo beneficia a la parte que  lo interpuso. La excepción, el efecto expansivo, quedaba  sólo relegada  al litisconsorcio necesario pues  éste,  por  su propia naturaleza, no admite soluciones disímiles para los litisconsortes (por ejemplo un acto no podría ser nulo para uno de los participantes   y válido para otro).   Hoy en día, no es posible efectuar una distinción tan tajante. Veamos.
            En el año  1993   el  maestro Lino Palacio comentó críticamente un fallo de la  S. C. Mendoza, en el que la Corte provincial, a través  de un voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci,   anuló una sentencia  de  Cámara que no había aplicado el principio de personalidad de la apelación. El  caso “Pérez Cassul” [5] ,  al que nos estamos refiriendo,  trataba de un simple accidente de tránsito en el que uno de los protagonistas del choque demandó al conductor del otro rodado y  al  propietario de ese  vehículo. El juez de primera instancia condenó a los demandados, y la  sentencia  fue  apelada sólo por el propietario. La Cámara,  revocó la sentencia pues  juzgó  que el actor  era el único responsable y  eximió de la condena   a ambas demandados (al que apeló y también al otro).  Para  la  Corte provincial, la Cámara  no  valoró   de  modo arbitrario  la  prueba  rendida  pero    juzgó que  al    beneficiar  a  la parte  que no  apeló  se  excedió en sus facultades . Con profusa cita doctrinaria señaló que el recurso de apelación interpuesto por un litisconsorte voluntario no beneficia al  otro que consintió  la condena, rigiendo al respecto el principio de disponibilidad del derecho. Al comentar  la  sentencia, entre  otros conceptos,  Palacio destacó que independientemente de que  el  litisconsorcio fuera  necesario o  facultativo  una sentencia no puede  predicar que, por ejemplo, un  hecho ocurrió  para  una parte y no  para la otra. Por  tal  razón,  para  él, la naturaleza del litisconsorcio no es el único elemento a ponderar para  definir el alcance la apelación interpuesta  por una de las partes[6] .  En  nuestra opinión,  el trabajo de Palacio produjo un quiebre muy importante pues, hasta ese momento,  la  distinción en el efecto o alcance del recurso  se centraba, exclusivamente,  en la entidad del litisconsorcio: el facultativo beneficiaba  sólo al que apeló,  y el necesario a ambos.  Es claro  que Palacio   no desecha  tal  distinción  sino que plantea su  insuficiencia para resolver, por sí sola,  el alcance del  recurso interpuesto por el litisconsorte.  Habrá  que determinar, en cada caso,  si está frente a un hecho común pues en tal supuesto   el   resultado debe ser  idéntico para  todas las partes.  Para  Palacio, y nosotros creemos que  es acertado su enfoque,  el  llamado principio de personalidad de la apelación  no puede ser aplicado  al precio de quebrar la unidad lógica de la sentencia definitiva  del proceso  que, como sabemos,  se integra con el resolutorio de primer grado, cámara y eventualmente el que emane de los tribunales superiores.
            Posteriormente, Weltzler  Malbrán[7] y Chiappini[8] defienden, en  sendos  trabajos de  doctrina  publicados  en  la misma revista,  el criterio que, en el caso, adoptó la Corte provincial a instancias del voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci.
            La cuestión se volvió a   plantear  en otro tribunal provincial. Esta vez en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.  Nuevamente en un conflicto  que se origina  a partir de  un accidente de tránsito. En este caso, la Cámara  decidió reducir el monto de la condena en  un 30% respecto de los montos fijados en la instancia de grado y  benefició con esa decisión a todos los demandados sin distinguir entre apelantes y no apelantes.  La  Corte, en una  resolución dividida,  confirmó la decisión de la Cámara[9] .
 El mismo tribunal  analizó, en  otro caso,   el alcance del recurso interpuesto por un  litisconsorte y  llegó  a una conclusión distinta de la arribada en  “Gómez”. El  caso al que nos referimos es “Berenguer de Moreno”[10] ,  y  se presentó de este modo.  La Sala 2° de la Cámara Civil y Comercial de Morón, siguiendo los lineamiento que le había fijado la  Suprema Corte [11] ,  fijó las indemnizaciones correspondientes a la actora  y sus dos hijos menores derivadas del accidente que originó   las referidas  actuaciones. Esa decisión,  es impugnada  por la demandada y citada en garantía quienes alegan que, respecto de ellos, la sentencia de primera instancia que  rechazaba la demanda se encontraba  firme. La Suprema Corte, en este caso, entendió que los recurrentes tenían razón  y que la Cámara debió revisar el caso sólo en relación a la parte que logró exitosamente la apertura de la casación.  Por tal motivo, no sin advertir que la situación que se presentaba en el caso difería de la resuelta en “Gómez”[12] ,  revocó el fallo en cuanto reconocía indemnizaciones a los no apelantes.
    Finalmente,  el tema también  fue abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien  se pronunció siguiendo la directriz clásica: el recurso de apelación interpuesto por  un  apelante, en el litisconsorcio facultativo, sólo a  él  lo beneficia. El caso al que nos referimos es  “Flores de Carrizo”[13]  y  la cuestión se planteó así: la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza  acogió el agravio de la empresa demandada (Ferrocarriles Argentinos), le atribuyó al actor la totalidad de la responsabilidad en el accidente ocurrido y excluyó de la condena al dependiente de  Ferrocarriles Argentinos que no había apelado la sentencia. Para la Corte, la Cámara  se excedió del ámbito de competencia  decisoria violentando el derecho de defensa en juicio y el derecho de propiedad[14] . Para la minoría, en cambio, la Cámara  resolvió adecuadamente, pues  analizó la particular naturaleza del litisconsorcio que integraban los demandados, el carácter común de la controversia, y la necesidad de evitar soluciones contradictorias dentro del proceso con relación a una cuestión unívoca[15] .
Como  el  lector  habrá  advertido,  el tema presenta  no  pocas aristas  y las posiciones  no son uniformes.  Lejos de ello,  las  discordancias existentes son importantes.  Llamativamente, el tema  se  ha  discutido  más en la jurisprudencia que en doctrina pues fuera de los trabajos citados (de Palacio, Wetzler Malbrán y Chiappini) no conocemos otros que hallan abordado  tan  rica temática.  Por nuestra  parte,  y dado el objeto de nuestro trabajo,  hemos hecho este rápido paneo  pues creemos que brinda  un  importante   contexto  desde el cual  analizar la relación litisconsorcial que conformar la aseguradora y el asegurado.  Si  se la define  como  litisconsorcial  facultativa,  así lo hace la mayoría de la  doctrina y  también la Corte[16] ,  toda la problemática  que hemos reseñado – en torno al principio de personalidad de la apelación –  se presentará  al  tratar  el alcance del recurso interpuesto por  la  aseguradora.  

III. El litisconsorcio aseguradora – asegurado.
Cuando el asegurado cita en el proceso a su aseguradora, en los términos previstos  en el  art. 118 de la ley de seguros, lo que persigue es que ese tercero (ajeno a la relación de derecho sustancial planteada entre el actor y el demandado) abone en el proceso – en la medida del seguro – la sentencia condenatoria  que, eventualmente,  le sea impuesta.  Esta intervención procesal  será  coadyuvante  pues la  ley no ha permitido la sustitución procesal del asegurado[17] . Este tercero (citado en garantía), que se coloca al lado del demandado con la finalidad de obtener una sentencia que  rechace la pretensión articulada por el actor,  cuenta necesariamente con plenas facultades procesales procesales (contestar demanda, ofrecer y producir todo tipo de pruebas, alegar y recurrir)[18] . Esto ha quedado claro con el plenario “Flores”.  
Ahora bien,  ¿qué tipo de  litisconsorcio que conforman asegurado y aseguradora? Creemos que el análisis que hicimos en nuestro  primer trabajo sobre el  tema[19] sigue vigente. Dijimos, en esa oportunidad, que  debe tenerse presente la diferencia entre la intervención de la aseguradora  como tercero citado en  garantía, de aquel supuesto en el que el  actor, en razón de lo dispuesto en el art. 118 de la ley 17.418, cita a la aseguradora del demandado principal. Esta  particular figura ha llevado a la doctrina a señalar que el damnificado posee en realidad una acción directa no autónoma contra la aseguradora,  y que – en tal  caso – la presencia de este último en el proceso no es en carácter de garante sino de codemandado[20] .  Es claro también que  el litisconsorcio  que ambos conforman no es escindible, ya que la víctima no puede dirigir su pretensión contra la aseguradora si previamente no lo hace contra  el asegurado. Es decir,  el elemento voluntario que caracteriza al lititisconsorcio voluntario  no aparece   pues el actor no tiene la posibilidad de demandar  sólo a  la aseguradora.  Por  tal razón,  no podría iniciar dos procesos  uno contra  la  aseguradora  y  otro contra el asegurado.
 Repasemos, para ver  con más claridad la cuestión,   los dos supuestos a partir de los cuales puede intervenir la aseguradora en un proceso:

a)      Citación en garantía solicitada por el asegurado.

            Resulta claro que cuando la citación en garantía es solicitada por el asegurado, es este último quien vincula a la aseguradora al proceso a fin de que pague lo que el actor le reclama. El actor no  plantea ninguna pretensión contra la aseguradora, pues no la demandó, ni citó (ello equivaldría a una demanda implícita), lo que igualmente no obsta a que la misma sea condenada pues, como ya vimos, la citación en garantía se distingue del otro supuesto de intervención provocada de terceros (denuncia de litigio), en el hecho de que la aseguradora es citada a fin de que asuma el exacto papel procesal del asegurado.
            No es la oportunidad de profundizar si esta intervención debiera ser de sustitución (como en la ley italiana) o de coadyuvancia (tal como se da en la ley 17.418), pues lo cierto es que, en el marco normativo actual, la aseguradora no puede sustituir al asegurado, sino que debe colocarse junto a él en el proceso, a fin de soportar una pretensión que no fue incoada en su contra.
            Siendo esto así, creemos que el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora debe beneficiar al asegurado (aun cuando éste hubiera consentido la sentencia de grado), pues no existen dos pretensiones (una contra el asegurado y otra contra la aseguradora). En este orden de ideas,  si la citada en garantía obtiene en 2ª instancia el rechazo de la pretensión articulada por el actor,  lograría de este modo una declaración de infundabilidad respecto de la única pretensión planteada en el proceso que necesariamente liberaría al asegurado del pago de la condena.
             
            b) Pretensión directa pero no autónoma planteada por el actor (cuando la víctima produce la citación).  
            La doctrina mayoritaria, con acierto, ha calificado a la citación efectuada por el actor como el ejercicio de una acción directa pero no autónoma.  En efecto, cuando el actor   peticionar la citación de la aseguradora, en  puridad lo que está haciendo es plantear una pretensión en contra de ésta.
            Ahora bien, este supuesto de acumulación subjetiva de pretensiones reviste la particularidad –como ya dijimos- de no otorgar al actor la posibilidad de iniciar procesos separados contra cada uno de los codemandados (asegurado y aseguradora), sino que necesariamente ambas pretensiones deberán plantearse  en un mismo proceso por carecer de autonomía la acción contra la aseguradora. Con tal dato, la ley sustancial  nos demuestra que la suerte en el proceso de ambos litisconsortes no es absoluta independencia.
Asimismo, una detenida lectura del art. 118 ley 17.418 confirma esta orientación. Dice el párr. 2 de la norma referida
 “Cosa Juzgada. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro”.
            Más allá de la configuración de la cosa juzgada, en procesos en los cuales confluye más de una pretensión en la conformación del objeto litigioso, tema que por su complejidad no abordaremos en este trabajo, el texto citado permite formular las siguientes reflexiones.
            Cuando el legislador señala “la sentencia que se dicte”, indudablemente está haciendo mención al pronunciamiento a emitirse contra el asegurado, y al hacer referencia a que dicha sentencia “será ejecutable contra él en la medida del seguro”, el sujeto imputado no es otro que la aseguradora.
            Es decir, que una lectura más clara de la ley podría formularse del siguiente modo: “La sentencia que se dicte (contra el asegurado) hará cosa juzgada y será ejecutable contra él (aseguradora) en la medida del seguro”.
            En esta inteligencia, creemos que la ley no admite que una sentencia condenatoria dictada contra el asegurado no pueda ser ejecutada contra la citada en garantía, razón por la cual si se ha aceptado que esta última puede apelar autónomamente, y por ende liberarse de la condena, necesariamente dicho recurso debe beneficiar al asegurado pues en caso contrario violaríamos la disposición citada, ya que estaríamos frente a un supuesto en el cual una condena contra el asegurado no sería ejecutable contra la aseguradora.
            Por otra parte,  entendemos  que esta interpretación del art. 118 es la única que resulta armónica con el art. 109 de la misma ley que ordena mantener indemne al asegurado.
             
IV. La postura de la CSJN en el caso “Ávila”.
            Como señalamos al comienzo del trabajo la Corte Suprema  marcó  en el precedente “Lanza de Peñaranda”[21] un sendero  correcto: corresponde   reconocerle a la aseguradora el derecho a apelar con prescidencia de la actitud asumida por el  asegurado. Esa posición, no sólo fue seguida  por  la Cámara Civil en el ya citado plenario “Flores”, sino también por otros tribunales de provincia[22] .  Pero esa huella, a lo mejor sin ser  advertido, ha sido peligrosamente  borrada en el caso “Ávila”[23] .   Las notas del caso son las siguientes: una mujer viajaba  como acompañante en un vehículo que chocó contra un camión. A  raíz de ese hecho sufre distintas lesiones, por las cuales demanda al chofer del camión, a su propietario y cita en garantía a la aseguradora  de  estos últimos. No demanda, en cambio, al chofer y al propietario del auto que la transportaba.  La Cámara, al  resolver el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, redujo la responsabilidad de los demandados, compartiéndola  - en un 50% - con el conductor transportista no demandado. El actor  impugnó la sentencia, calificándola de arbitraria. Lo hizo  alegando  el desconocimiento de  la cosa juzgada  que emanaba  del pronunciamiento  de grado que establecía  la  plena responsabilidad   del conductor del camión ,  de su propietario y   que no había sido apelado por estos últimos. Al dictaminar en  el caso, el  Procurador  Fiscal  propició  el rechazo del recurso extraordinario argumentando  que  “la participación de la aseguradora es necesaria y no facultativa”[24] . Nosotros, por  señalado en el punto anterior,  si bien entendemos que esa  calificación  no  es  correcta  entendemos   que  aquella pudo ser  utilizada como una vía de escape ante  una eventual  aplicación automática del principio de personalidad de la apelación.
            La Corte, al resolver el recurso, invocando su propio precedente en la causa  “Flores de Carrizo” ya citada[25] ,  juzgó que estaba frente a un litisconsorcio facultativo y que por tal razón los actos cumplidos por uno de ellos no benefician ni perjudican a los restantes. Para la Corte, la Cámara se excedió en sus atribuciones violando el principio de congruencia. Sólo los ministros Zaffaroni y Highton de Nolasco no propiciaron esa solución ya que resolvieron el recurso mediante la aplicación del certiorari

            V. Conclusión.
            En nuestra opinión,  por  lo  ya  dicho en el punto III de este trabajo,  entendemos que  es discutible que la relación litisconsorcial entre asegurado y aseguradora pueda ser calificada como facultativa o voluntaria[26] .  Sinceramente creemos que no se dan las notas que caracterizan a aquél.  Por tal razón,  no hallamos obstáculos –desde la teoría del proceso- para hacer extensivos al asegurado los beneficios obtenidos por la aseguradora a través del recurso de apelación.  Superados   los clásicos moldes de litisconsorcio  necesario y facultativo (voluntario), no existe condicionamiento alguno para reconocerle efecto expansivo al recurso de apelación interpuesto por uno de los litisconsortes. Por el contrario, esa solución  no sólo se infiere de las normas de derecho sustancial que rigen su citación  (arts. 109 y 118 de la ley de seguros),  sino que guarda correlación con  la interdependencia procesal que existe en el planteo de ambas pretensiones (contra el asegurado y la aseguradora).
             Sin perjuicio de ello,  y aún cuando se interpretara al  litisconsorcio  como  facultativo,  entendemos que  partir del enfoque propuesto por el maestro Palacio – receptado en alguna medida por la S.C. de Buenos Aires –  no nos parece   suficiente   su mera  alegación   para   aplicar  a  rajatabla el principio de personalidad de la apelación.
            También creemos que el fallo “Ávila”   propicia una solución  altamente disvaliosa . Decimos esto pues si el  asegurado debe finalmente pagar la condena  respecto de la cual se liberó su aseguradora, ¿qué hacemos  con  el principio de indemnidad?,  ¿realmente se libera la condena o de todos modos tendrá que afrontarla  para cumplir el compromiso contractual asumido con su cliente? Si la aseguradora debe de todos modos pagar, ¿qué sentido hoy tiene la doctrina sentada por la propia  Corte en “Lanza Peñaranda”? Estos interrogantes, y otros más que el lector podrá  agregar, imponen  un replanteo de la cuestión máxime cuando a nivel de Cámaras también existen precedentes contradictorios sobre este punto[27] .
           
[1] C.N. Civil, 23/9/91, “Flores, Oscar J c/Robazza Mario O.” J.A. 1991-IV- 464.
[2] La Corte Suprema  sostuvo, desde siempre, que la aseguradora podía apelar la sentencia consentida por la aseguradora y anuló numerosos pronunciamientos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que sostenía una posición contraria (ver entre otros CSJN, 27/11/90, “Lanza Peñaranda, Ruth A. c/Transportes Quirno Costa S.A. y otros” J.A. 1991-II- 312).  Luego  la Corte provincial, a partir de la incorporación del Dr. Hitters, modificó su  postura y aceptó la apelación de la aseguradora con independencia de la actitud procesal desplegada por  el asegurado.
La doctrina, en términos generales, se pronunció del mismo modo que la Corte Suprema. Ver al respecto, Rivera Julio La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil J.A. 1988-I-846; Barbato, Nicolás La citación en garantía del asegurador E.D. 150-149;  Morello, Agusto y Stiglitz, Rubén S. Naturaleza del litisconsorcio conformado por asegurado y asegurador en la pretensión deducida por el damnificado J.A. 1991-III-710.
[3] Jorge A. Mayo y Alejandro C. Verdaguer La apelación de la citada en garantía debe beneficiar al asegurado, aun cuando este último no hubiera recurrido, J.A. 1993-IV-937
[4]  El único supuesto  que  quebraría esa vinculación se  presenta cuando la  aseguradora  rechaza  la  citación en garantía invocando una causal de exclusión de cobertura.
[5] Ver S.C. Mendoza, Sala 1°, mayo 11-1992 “Perez Cassul en  J: 90.899 – 11.986 Perez Cassul c/Ovidio Peleta y otros p/daños y perjuicios s/inconstitucionalidad”, E.D. 153-569.
[6] Palacio, Lino E. Efectos del recurso interpuesto por un litisconsorte en el caso del litisconsorcio facultativo, E.D. 153-568.
[7] Wetzler Malbrán, Alfredo Ricardo  Los recursos  en  el  litisconsorcio   facultativo y la sentencia revocatoria en la alzada E. D. 154- 1031.
[8] Chiappini, Julio  El efecto expansivo del recurso de apelación en el litisconsorcio pasivo facultativo: en defensa de un fallo, E.D. 154-1036.
[9] Conf. S.C.Buenos Aires, 15/6/99, “Gómez, Eugenio y otros c/Villalba, Raúl y otros”, J.A. 2000-I-531. Debo destacar que  los destacados procesalistas , que integran el tribunal,  Eduardo de Lázzari y Juan Carlos Hitters  sostuvieron posturas contrapuestas. Mientras que el  Dr. de Lázzari juzgó  que en el caso debía aplicarse estrictamente el principio de personalidad de la apelación,  el Dr. Hitters fundamentó su voto en sentido   contrario. El fallo tuvo un comentario crítico de  Julio Chiappini  Gravitación de la acción penal sobre la civil y efectos expansivos de los recursos en J.A. 2000-I.531
[10] conf. S.C.Buenos Aires, 19/02/2002, “Berenguer de Moreno, Ibis S. y otros c/Appezzato, Alejandro C y otra s/daños y perjuicios”, Lexis N° 70004275.
[11] Es indudable que estamos ante una sentencia anulada por la Suprema Corte y reenviada a  la  Sala  ya  citada de la Cámara de Morón   para que resuelva las cuestiones pendientes.
[12] Ver  el punto IV del voto del Dr. Pettigiani a quienes adhieren los restantes ministros con excepción del juez de Lázzari quien  expresamente dejó constancia  de que no compartía dicho párrafo. Para el referido ministro las situaciones presentadas en “Gómez” y  “Berenguer de  Moreno” son análogas.  Es importante consignar que en esta última causa no votó el Dr. Hitters.
[13] Conf. CSJN, 27/12/96, “Flores de Carrizo, Zulema Noemí c/Paulino Armando Carrizo y otro s/sumario”, Fallos 319:3363.
[14] Ver considerando 4° del voto de la mayoría integrada por los ministros  Fayt, Belluscio, Petracchi, López y Vázquez.
[15] Ver considerando 5° del voto de los ministros Bossert, Nazareno y Moline O´Connor.
[16] En el II Congreso Internacional de Derecho de Daños (Buenos Aires, 1991, ver publicación de la Universidad Notarial Argentina, p.312) fue aprobada la siguiente ponencia: “la presencia del asegurador en el proceso de daños promovidos por el tercero contra el responsable,  no viene impuesta por la ley….Asegurado y asegurador conforman un litisconsorcio facultativo”.  La Corte, también se enrola en esta posición (ver CSJN, 27/11/90 “Lanza Peñaranda Ruth, A c/Transporte Quirno Costa S.A. y otros” en J.A.1991-II-312).
[17] De este modo lo conceptualiza  Alvarado Velloso quien, en su ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en Tucumán en setiembre de 1987,   realizó un gran aporte al diferenciar los dos  supuestos  de  intervención  provocada de terceros: denuncia del litigio y citación en garantía (ver Adolfo Alvarado Velloso La citación en garantía  en La Ley 1987-E-1094).
[18] Esta  circunstancia fue correctamente apuntada por  Salgado en el plenario “Flores” al fundamentar la facultad de la aseguradora de apelar la sentencia sentencia consentida por el asegurado
[19] Ver trabajo citado en la nota 3.
[20] Fenochietto – Arazi Código Procesal Civil y Comercial Comentado, tomo 1, pág. 339, ed. Astrea; Zavala Rodríguez  Código de Comercio Comentado Tomo 3, pág. 727, ed. Depalma.
[21] Ver nota 2.
[22] Conf. SC Mendoza, Sala I, Abril 1-1992, “Cía. De Seguros del Interior, S.A. en J: 94.086 Patricio Palmero, S.A. c. Cía. De Seguros del Interior, S.A.” E.D. 147-171.
[23] CSJN, 24/8/04, “Ávila, Lila del V. c/Rodríguez, Carlos E.” Lexis 35000847.
[24] Ver punto III del dictamen del Dr. Felipe Obarrio.
[25] Ver nota 13.
[26] En el mismo sentido la S.C.Mendoza ha negado  que  el  principio de personalidad de apelación se aplique al litisconsorcio que conforman aseguradora y asegurado (conf. S.C.Mendoza, Sala 1, 1/9/87, “Vicente Mario y otros c/Comiso” J.A. 1988-IV-377 y punto f de la sentencia citada en la nota 5).  Por nuestra parte, hemos coincidido con la solución que adoptó el tribunal mendocino  en la causa “Vicente”,  y también con la resuelta en la  causa  “Gallardo” (S.C. Mendoza, Sala 1°, 24/12/92, “Gallardo, Alberto y otro c/Ponce, Walter y otro” J.A. 1994-I-277) cuando admitió el efecto expansivo del recurso interpuesto por la aseguradora  respecto del conductor del rodado (conf. Verdaguer, Alejandro C. El recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, ¿tiene efecto expansivo respecto del conductor del rodado asegurado? J.A. 1995-I-808).
[27] Mientras la Cámara Civil reconoce que el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora tiene efecto expansivo en relación al asegurado, la Comercial aplica el principio de personalidad de la apelación (conf.  C.N. Civil, Sala J, 3/5/02, “Mesquida, Pedro y otro c/Rodríguez, Gustavo Daniel s/daños y perjuicios” Boletín de Jurisprudencia de Cámara; C.N.Comercio, Sala B, 27/12/05, “Manzón, Mariana E. c/Bianco, Damián J.” Lexis N° 350003294).


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