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Título: La Corte Suprema de Justicia de la Nación y un doble blindaje
             
Autor: Morello, Augusto M.

Publicado en: LA LEY 2006-B, 597
           
Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 2006/03/21 ~ Barreto, Alberto D. y otra c. Provincia de Buenos Aires y otro

SUMARIO: I. De qué se trata. — II. Los nuevos enroques del alto Tribunal. — III. El nuevo tejido que se consolida. — IV. La contrapartida faltante. — V. Terminación.

I. De qué se trata, durante el mes de mayo de 1997 se celebró en Tesalónica, la hermosa ciudad universitaria de Grecia, un Congreso Internacional de Derecho Procesal en el que se debatieron el papel de las cortes supremas al final de la centuria anterior. Lo allí debatido y las conclusiones propuestas (1) han tenido una influencia decisiva en el panorama occidental en el tránsito al nuevo milenio y en el primer lustro de su alborada. La línea de sentido que razonaron y consensuaron los partícipes en ese importante evento marcaron estas propuestas que se ven recogidas en las políticas concretas de la mayor parte de las naciones:
1. En tanto piezas esenciales (las Cortes supremas, sean las constitucionales o de casación, en particular las primeras) del sistema de gobierno, y estándoles reservadas la última palabra en lo que hace a la interpretación y aplicación del Derecho existe marcada preocupación en rodearlas de los condicionamientos más favorables a que puedan desempeñar, adecuadamente, sus altos fines sin estar agobiados por la continua sobrecarga o un número de asuntos que aguardan turnos que distorsionan su imagen y malogran los resultados valiosos de su cometido (Taruffo).
2. En miras de alcanzar ese propósito, múltiples son las variantes u opciones reduccionistas que podemos dibujar de un modo compendiado en estas opciones que van cobrando cuerpo: reducir el número global de asuntos a los más significativos, es decir trascendentes o que portan gravedad institucional o moral que en buen romance quiere decir que excede el interés de las partes de la controversia e impactan en el interés general del ordenamiento, de las creencias y de los estándares jurídicos que (paradigmáticamente) orientan al conjunto de las relaciones de la convivencia. En el espejo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América las estadísticas muestran que entre 150 y 300 parece ser la cantidad correcta para que por su trascendencia los jueces que integran la Corte cimera puedan hacerse cargo de manera satisfactoria de los 25 ó 30 temas que asumen preeminencia en cada ciclo anual.
3. La desnaturalización por ejemplo, de la Corte de Casación Italiana con miles de causas no obstante el número de sus componentes y las divisiones en salas, no permite acompañar las exigencias del proceso justo constitucional que requieren componer el caso sin demoras indebidas, es decir, en un tiempo razonable. Se ponía como ejemplo de lo que no debe ser que acaso nuestro más alto tribunal Federal juegue como referente similar (entre 6000 y 14000 causas en los últimos años).
4. La juridización de la sociedad, la politización de los órganos de justicia, la complejidad de los asuntos y lecturas diversas en espesor y escala (procesos de alta complejidad, cuestiones morales concernientes a la bioética, el aborto, la decisión de dejar morir a enfermos terminales, autorizaciones para cambiar de sexo, la tutela del medio ambiente, el roce continuo de derechos fundamentales y personalísimos, por caso privacidad versus libertad de prensa, la gravitación de lo transnacional y una inocultable dimensión social de lo que es el obrar de la justicia en el seno de la comunidad, multiplican geométricamente el índice de litigiosidad que se abastece, a su vez, por el ejercicio activo de nuevos derechos y nuevas garantías, el aumento incontinente de legitimados que se hacen audibles —los niños, las parejas, los consumidores, los titulares de intereses difusos, el defensor del pueblo, ligas, corporaciones, acciones de clase, etc.—), jaquean la pasividad de los jueces, el gusto por estar distantes y al máximo neutrales y los impulsan a un activismo razonable pero muy intenso y característico en los últimos 20 años.
Súmese a lo expuesto, la crisis de credibilidad política, el intenso participacionismo directo de la gente, más informada y con mayores conocimientos, y se tendrá un cuadro de la presencia protagónica de los jueces de los cuales se espera mucho, acaso demasiado, pero que es menester al que no pueden renegar, porque son custodios de la legalidad, la razonabilidad y los valores que animan el torso de la vida social.
Bajo ese prisma y con las notas del horizonte que la globalización ha uniformado en la mayoría de los países, nuestra Corte Federal (y las casaciones como la de la Provincia de Buenos Aires) saturada de causas se ven sitiada por los remolinos de recursos que ametrallan todas las paredes del edificio en la cúspide impidiendo la serena consideración y definición de las causas en el ámbito interior, lo que se conecta además cada vez de modo más notable con el eventual control de la Corte Interamericana (arts. 8, 25, 46 y afines del Pacto de San José de Costa Rica).
Se advierte en estos primeros años que la Corte se ha alineado, decididamente, en esta ruta, como intentaremos mostrarlo un poco más adelante.
5. El fallo recaído en la causa originaria B2303XL "Barreto, Alberto Damián y otra c. Provincia de Buenos Aires y otra s. Daños y perjuicios" del 21 de marzo de 2006 (LA LEY, 2006/03/28, p. 3), sin disidencias, marca un hito fundamental (rectificando la orientación jurisprudencial anterior consolidada) acerca de la competencia originaria reformulando el concepto de causa civil . Su clarinada impacta en dos frentes. Brinda un alabable blindaje federalista a las competencias judiciales provinciales no delegadas al gobierno de la Nación; y, además, con una perspectiva comprensible de autodefensa de la propia Corte ayuda a blindarse para que el cometido reduccionista de causas a estudiar y definir se enrole en el sendero postulado en Grecia y que hemos querido dibujar prietamente al comienzo.
II. Los nuevos enroques del alto Tribunal
La lectura del fallo por el lector nos facilita la comprensión del caso. Sobre la base de un antiquísimo precedente, uno de los primeros del alto Tribunal, (Fallos, 7:373, del 11-07-1869), y como manantial que provee de agua fresca al alicaído concepto del federalismo real, la autocontención del alto Tribunal es categórica y absoluta, montada en los artículos actuales 121, 122 y 124 de la Constitución Nacional, textos reformados en 1994, la Corte proclama que le está vedado juzgar sobre el funcionamiento de las instituciones locales creadas en su consecuencia porque esto importaría una inadmisible intervención federal por el Poder Judicial de la Nación en el ámbito público local no delegado (Fallos, 315:2309, considerando 3° de la minoría —considerando 15 del fallo en comentario—).
La Corte desnuda en la rectificación que la identificación de la causa civil cobra un perfil riguroso que obliga al Tribunal a declinar su competencia originaria en todos aquellos asuntos ("casos", art. 2 de la ley 27 —Adla, 1852-1880, 354—) en los que pese a estar en tela de juicio de modo predominante una cuestión federal, su decisión también impone el tratamiento de puntos del derecho público local, de suerte que este conocimiento arrastra a los demás matices involucrados del Derecho Civil o de cuestión federal de manera que se abstiene de examinar aquellas controversias calificadas como de responsabilidad civil de un Estado provincial cuando la causa adecuada que genera ese derecho se atribuye a la falta de servicio, o remite al tratamiento de materias no regladas por disposiciones dictadas por el Congreso de la Nación sino por las autoridades locales de gobierno en ejercicio —se repite— de una atribución no delegada a la Nación (considerando 14).
No ha de privar por ende, ni el 1112 del Cód. Civil ni otra legislación que no sea su derecho administrativo provincial incluyendo el contencioso o las derivaciones jurisdiccionales que tengan por objeto estos litigios, todas las cuales deberán ser asumidas por los órganos en funcionamiento en las provincias sin que, obviamente, a la vuelta del camino y por el carril del art. 14 de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364) la cuestión federal involucrada pueda obtener el control o revisión última por parte del alto órgano de la Nación.
Este enroque y la jugada de alfiles que ello comporta, deja atrás infinidad de precedentes y de literatura coadyuvante que ahora giran en el vacío suplantadas por un cambio de tornas, copernicano.
III. El nuevo tejido que se consolida
El lienzo se ha cubierto de anclajes sucesivos: a) a 20 años de "Estrada" - "Di Masio", el superior tribunal de la causa, el penúltimo engranaje para empalmar con la Corte Suprema (jurisprudencia consolidada definitivamente) es el órgano superior de cada provincia, que tiene el deber de conocer y tratar la cuestión federal; b) en la casación penal, el reciente fallo in re "Casal" reafirma la posición de tribunal intermedio con obligación de conocer (la Casación Penal) de las cuestiones referentes a hecho y prueba y del grueso de lo que atrapa la doctrina de la sentencia arbitraria, absurda o por exceso ritual; c) si, eventualmente, para esto último se crearan tribunales intermedios regionales (arts. 124 y 125 CN) tendríamos un valladar defensivo (por eso hablamos de blindaje: revestimiento de protección) para que el filtro horizontal recale previamente en estos tribunales intermedios penúltimos (Cortes o Superiores tribunales de provincia, Cámara Nacional de Casación, tribunales regionales) que aliviarían la avalancha que empuja hacia arriba.
Desde otro ángulo, ya se ha cancelado el recurso ordinario de apelación en causas provisionales. E igualmente en la eliminación del recurso extraordinario para cierta categoría de asuntos que fenecen en primera o segunda instancia (en materia de apremios, art. 92 de la ley específica, en materia de honorarios, en supuestos de desalojo recurrible, art. 242 del CPC) que acotan también la cantera de asuntos que no pueden ser pescados por la Corte.
Desde otra faceta técnica, el cepo del certiorari negativo (art. 280 del CPN, texto ley 23.734 del 1990 —Adla, XLIX-D, 3689—) hace estrago al empeño de que "este", nuestro caso, sea admisible en Corte, y menos procedente en ella.
De todo ello hemos abundado en otros lugares, recientemente.
El lector repara que la meta perseguida en Tesalónica tiene refuerzos operativos muy claros y concretos que se encolumnan tras ese objetivo (2). Sobre el particular nos parece que las censuras o reproches no tendrían virtualidad, porque no sóo fue razonadamente consensuado como exigencia compartida en aquel Congreso, sino porque hay un manifiesto abuso en querer ejercer el recurso extraordinario y como una consigna de que en cada causa la palabra final la suministre la Corte Federal. Lo cual no debe ser así, porque descabeza y frustra al sistema jurisdiccional en sus posibilidades reales de solución. Aquel inteligente y magnífico jurista que fue Genaro Rubén Carrió lo puso de resalto llamando agudamente la atención sobre el particular hace ya algunos años.
IV. La contrapartida faltante
a) Hasta aquí las cosas son claras. La Corte reafirma las potestades federalistas de las provincias; y segundo se fortifica hacia adentro aligerando la carga de causas a estudiar y definir. Es explicable, también lógico, y creemos que funcional en la medida que el poder discrecional que se le reconoce no desemboque en cuadro de arbitrariedad o de exceso porque la apetencia de justicia y la necesidad de que el servicio funcione cabalmente es nota dominante en el pueblo litigioso de nuestras horas.
b) ¿Mas lo expuesto es suficiente?, nos parece, claro es, que no, y lo venimos destacando con reiteración desde los años ´90. Si creamos el clima ideal para la Corte Suprema (reducción de causas), pero al mismo tiempo no suministramos los sustitutos que se hagan cargo de aquella declinación para ser atendibles con igual eficiencia y regularidad dejamos la cuestión a medio camino y al cabo insatisfactorio el balance de resultado. Un Pacto de Estado para la Justicia, una consideración armónica y completa de todos los engranajes y necesidades involucradas en el servicio, obligan a ir más despacio pero más lejos (mediano y largo plazo) y no con impromptus del ya y ahora de vuelo corto. Es esta la oportunidad magnífica que tiene la propia Corte y cuantos están involucrados en rescatar la eficacia del Poder Judicial; en vertebrar con lucidez la arquitectura global del servicio sin ceñirse estrictamente a parcialidades aún de la importancia axial que reviste por cierto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El baluarte esencial, la plaza fuerte del sistema es la primera instancia. Si ella funciona a pleno y rendidoramente lo demás viene por añadidura. Si, en cambio, fracasa, demora o deja insatisfecha el acceso, todo se desmorona. De manera por demás insistente los estudiosos de las políticas procesales ponen de resalto que el Derecho Procesal no es una caja vacía, insisten sobre estas ideas fuerza. Las pequeñas causas (un 25% del volumen total) no tienen hoy atención y respuesta en la Nación ni en las provincias. Los componedores arbitrales, los conciliadores, la mediación tiene que reforzarse para ayudar a la paz social con justicia vecinal y a posibilitar que la primera instancia atienda el grueso de otras causas y las más complejas.
Paralelamente, los juicios de apremios y cobros ejecutivos (el 50% del total) deben sustraerse de la vorágine de la organización actual y someterse ,como en Lisboa, a mecanismos técnicos que faciliten su definición sin el agolpamiento tribunalicio y el desborde de casilleros. Se caerá en la cuenta de que las causas ordinarias y de las complejas en un orden de entre 400 o 500 anuales, por juzgado, pueden ser atendidas por jueces suficientes dispuestos a afrontar las exigencias actuales del servicio.
Sobre todos estos aspectos los estudiosos argentinos y los proyectistas estimando recursos humanos, costo presupuestario, racionalidad empresaria de los órganos tienen palabra comprometida y los apoyos estadísticos y de gestión que solo requieren ser atendidos y mejorados.
Queda expuesto en nuestro humilde parecer, que aunque deba reputarse como loable la línea de sentido que imprime a su excelsa función el Órgano rector de Justicia de la Nación, falta la atención simultánea y completa del conjunto ordenado desde las cárceles al arbitraje, de los componentes que integran la unidad general del servicio moderno de justicia. No nos ciñamos exclusivamente al aspecto de privilegiar a la Corte Suprema sino a ordenar, sistémicamente, en vista al mediano y largo plazo a cuanto se encuentra involucrado en el tema.
V. Terminación
El comentario inicial de la causa "Barreto" nos fue llevando a una visión más integral de lo que amaneció como una clara sinfonía en Tesalónica en 1997 y que está al alcance de nuestras manos plasmarla de manera valiosa. Es una posibilidad cierta de romper la parálisis y un nocivo espíritu conservador que inmoviliza al conjunto de los estamentos con que se presta el excelso servicio de justicia y que sólo es merecedor del fundado reproche de la gente, asfixiada en la hiedra tentacular del tiempo muerto de la jurisdicción, sus costos y los resultados tardíos y frustraciones el mandato del Preámbulo y los altos fines de la Constitución Nacional.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) Remitimos a nuestra obra "Tendencias dominantes en la litigación civil", Rubinzal Culzoni, 2002, ps. 157-175.

(2) Claro es que la Corte, que discrecionalmente puede todo o casi todo, sabe pescar asuntos cuando ella considera que la trascendencia del caso le obliga a ser oída; nosotros pensamos que aún esa necesidad, que no deja de ser correspondida en la práctica generosamente por el alto Tribunal, le hace declinar en algún supuesto extraordinario de la existencia del requisito de la cuestión federal, que suple por la repercusión o significación del tema y que obliga a expedirse. Las construcciones pretorianas de la gravedad institucional, del exceso ritual manifiesto (frustración ritual) de aquellas hipótesis que afectan la efectividad del proceso justo desbarrancándose en la privación de justicia, por caso, son comodines que combinan restricciones con prudentes y necesarias aperturas en un escenario que reclama cada vez más intensamente el activismo de nuestra Corte Suprema. (MORELLO, Augusto M., "La Corte Suprema en el sistema político", Platense, Lexis Nexis, 2005)


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