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Título: Actos procesales que se pueden notificar o practicar en el domicilio especial de elección

Autor: Eisner , Isidoro

Publicado en: LA LEY 1995-A, 315

Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A (CNCiv)(SalaA) ~ 1994/02/28 ~ Caparra, José P. c. Piatti, Norma B.

I. El decisorio que pasamos a anotar, emitido por la sala A de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en fecha 28 de febrero de 1994, se refiere, en particular, al valor y eficacia del domicilio especial o de elección, convenido en sus contratos por las partes de un negocio jurídico, en cuanto a su aptitud para ser el lugar preciso en que se practiquen las notificaciones y actos procesales que deben cumplimentarse por cédula o mandamiento, conforme a la ley ritual que se aplica en los trámites judiciales derivados de la misma relación contractual.

Y los principios que se destacan en el fallo comentado, en orden a dicho tema, son no sólo acertados sino que gozan de suficiente consenso y uniformidad en la doctrina y la jurisprudencia.

Sin embargo estimamos que es propicia la oportunidad para ordenar algunas ideas en torno a las distintas clases de "domicilio" que se utilizan en los procesos jurisdiccionales y, en particular, a los supuestos en que cabe valerse del domicilio especial de elección o convencional en desplazamiento --sí o no-- del domicilio real del litigante o del domicilio ad litem que la ley manda constituir en cada proceso, por lo que se llama también domicilio procesal o legal.

II. Para ubicar los conceptos y regulaciones de cada clase de "domicilio", nada mejor que citar con detalle lo que preceptúan los respectivos ordenamientos legales que los estatuyen o utilizan a sus propios fines.

Así, y en primer lugar, el Código Civil nos instruye sobre el domicilio general o "real" y el especial o "de elección", en los siguientes términos: Dice el art. 89, en lo pertinente: "El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios".

A su vez el art. 92 expresa que "Para que la habitación cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para siempre"; el art. 93 aclara: "En caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o el principal establecimiento" y el art. 94 manda: "Si una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio".

Vemos hasta aquí que se trata de un domicilio, el real, que responde a las cualidades de ser voluntario, único, mutable y general como centro de imputación de diversos efectos jurídicos, además de ser inviolable por mandato constitucional.

En cuanto al domicilio "especial", de elección o convencional, dice el art. 101: "Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones"; y el art. 102 concluye: "La elección de un domicilio implica la extensión de la jurisdicción que no pertenecía sino a los jueces del domicilio real de la persona".

Se advierte que este domicilio de origen contractual, como tal y en respuesta a la autonomía de la voluntad que lo inspira y justifica, es, en principio, inmutable mientras sobrevivan consecuencias del negocio en el que se hubo estipulado; es por lo tanto obligatorio y es especial en tanto se pacta con relación a cada contrato en particular.

Aunque se establece en beneficio de ambas partes, en la práctica y en la realidad más frecuente se lo fija en el interés del que predomina como acreedor ya que éste encuentra en tal arbitrio el modo de asegurar un lugar cierto y constante donde practicar comunicaciones y manifestaciones de voluntad o reclamos vinculados con las alternativas del negocio contractual. Con ello se evitan los riesgos de las mutaciones del domicilio real o la simulación de su cambio o abandono y aun las incómodas distancias en que pueda hallarse el de la otra parte.

El domicilio especial de elección cumple varias otras finalidades además de la recién destacada, como lo es la prórroga de la jurisdicción que hubiera correspondido al domicilio real del obligado, conocida como "pacto de foro prorrogando"; y la determinación de lugar de cumplimiento o ejecución del contrato.

Como lo dice el decisorio que se examina, si bien uno de los caracteres específicos del domicilio especial, es --como ya dijimos-- su inmutabilidad, no obstante se acepta por los autores y fallos que su mudanza pueda efectuarse si con ello no se altera la jurisdicción de los jueces convenida --la territorial-- y siempre que se practique la notificación idónea y fehaciente a la otra parte, con lo cual no se le infiere perjuicio alguno. De no cumplirse con dicha comunicación vinculante, el omiso debe cargar con sus consecuencias, debiendo estarse al domicilio originariamente pactado.

En cuanto al importante tema de las notificaciones judiciales que pueden practicarse en el domicilio especial de que se trata, corresponde aclarar que el mismo debe hallarse constituido en un instrumento público que merece plena fe por sí mismo. En cambio, si se trata de un instrumento privado, no podrá valerse de aquél mientras no haya sido expresamente reconocido por la contraparte o tenido judicialmente por tal. Luego volveremos sobre el particular.

III. El Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación , según su texto reformado por la ley 22.434 (Adla, XLI-B, 2822) que se sancionara el 16 de marzo de 1981, no se refiere al domicilio especial de elección, sino de un modo circunstancial al pie del art. 40, cuando advierte: "El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente". Esta solución, fundada en razones de moralidad y prudencia, venía ya impuesta por la jurisprudencia y autorizada doctrina civilista.

En cambio, el domicilio real del litigante, era tenido muy en cuenta por la ley procesal en numerosas disposiciones. Así, el art. 5°, inc. 3° en tanto admite la competencia territorial del juez del domicilio del demandado cuando se ejerciten acciones personales; el art. 330 en sus incs. 1) y 2) que exigen como requisito de la demanda que se denuncie el domicilio de ambas partes; el art. 339 que establece el lugar donde debe notificarse la citación y emplazamiento del demandado para que comparezca al tribunal y conteste el traslado de la demanda; el art. 348 en cuanto establece la excepción de arraigo si el accionante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la República ; el art. 409 --en concordancia con el inc. 3° del art. 135-- que se refiere implícitamente al domicilio real en que se debe citar al absolvente cuando actuare en juicio por apoderado, ya que aclara que: "la parte que actúa por derecho propio será notificada en el domicilio constituido".

Pero indudablemente, es el domicilio constituido ad-litem o domicilio procesal --llamado también legal-- el que tiene particular y privilegiado sitial en el código de la materia. Razones de orden público y moderna política legislativa son las que llevaron a la regulación del instituto en los arts. 40, 41, 42 y 542 de la referida ley adjetiva. Dichas normas también se refieren al domicilio real, en la organización de su régimen.

Dice el art. 40: "Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de terceros, deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado tribunal". "Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada". "Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula que no deban serlo en el real ..."

El art. 41 establece: "Falta de constitución y de denuncia de domicilio. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el art. 133, salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia". "Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el primer párrafo". A propósito del art. 133 recordemos que se refiere a la notificación ficta o automática ministerio legis, como principio general, en cuanto establece: "Salvo los casos en que procede la notificación por cédula (los del art. 135) ... las resoluciones ju-diciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado...".

Por su parte, el art. 42, expresa: "Subsistencia de los domicilios. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros". "Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real".

Cabe aquí recordar que el art. 59, en su última parte, vino a completar el sistema de que se trata, cuando dispuso "Si no se hubiere requerido que el incompareciente sea declarado rebelde, se aplicarán las reglas sobre notificaciones establecidas en el párr. 1° del art. 41": o sea que por no haber constituido domicilio procesal ad-litem, de allí en más quedará notificado en forma ficta según el art. 133, salvo si fuera el caso de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia, como ya vimos.

El tema de juicio ejecutivo, el art. 542 establece que: "La intimación de pago, importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo (o sea cinco días), constituya domicilio, bajo apercibimiento de los dispuesto por el art. 41".

IV. Hay quienes asimilan y equiparan las funciones y alcances del domicilio especial de elección (arts. 101 y 102, Cód. Civil) con las del domicilio procesal constituido ad-litem arts. 40, 41, 42, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación ), en cuanto ambos son domicilios especiales con aptitud de ser destino de notificaciones judiciales y otros emplazamientos vinculados al juicio derivado del contrato respectivo; y son fictos en cuanto no tienen por qué coincidir con el domicilio real del litigante. Pero bien se ha advertido que son diferentes por su origen, por el lugar e instrumento de su constitución y hasta por su misma reglamentación. Sobre esto último recordemos que tratándose del domicilio procesal, en caso de demolición, abandono, cambio de numeración o supresión de ésta, de no mediar denuncia y constitución de uno nuevo, se estará a las consecuencias del art. 41 o sea se acudirá a la notificación automática del art. 133. En cambio, ello no ocurre con el domicilio especial de elección o convencional ya que en iguales supuestos se tiene por cesados sus efectos, al igual que cuando ha transcurrido un prolongado tiempo desde su constitución o de la vida activa del contrato.

V. El tema más importante para esta nota es el de establecer si la existencia de domicilio especial de elección o contractual vale para desplazar totalmente y hacer inaplicable el régimen de domicilio procesal ad-litem y aun del domicilio real, para el sistema de notificaciones judiciales por cédula; o si sólo vale para citar al demandado o ejecutado en el acto introductivo de la instancia --notificación del traslado de la demanda o intimación de pago con citación de remate-- pues a partir de entonces sólo rige el mecanismo de los arts. 40, 41, 42 del Cód. Procesal con la imposición de constituir domicilio legal y remitirse al art. 133; o si, por último, el domicilio especial de elección valdrá siempre para reemplazar al domicilio real en todas las circunstancias en que la ley del proceso ordena que se practiquen allí las citaciones y notificaciones, pero sólo para estos casos, como nosotros estimamos la mejor inteligencia del asunto.

En el primer sentido, el mismo decisorio que anotamos y numerosos fallos y autores, destacan que el domicilio especial, "de elección ..." ... tiene por fin, entre otros, constituir un centro de recepción de la notificación de los actos procesales y de actos o manifestaciones de voluntad relativos al negocio o acto jurídico para el cual se denunció el domicilio". Aquí se habla de actos procesales en general y sin discriminación. No compartimos tal extensión.

Ocurre que el mismo decisorio, también nos trae una aplicación más restringida cuando dice: "... el domicilio de elección o convencional, constituido en instrumento público, determina el lugar de notificación de la demanda que el vínculo contractual allí expresado haya podido suscitar, y, por consiguiente, la diligencia que se practique en dicho domicilio es eficaz y surte todos los efectos legales, aunque no coincida con el real del accionado" (con cita de jurisprudencia).

Esta eficacia limitada a la notificación de la demanda o primera citación a juicio, resulta de varias opiniones de doctrina y jurisprudencia. Así leemos en Belluscio y otros, "Código Civil y leyes complementarias", t. I, p. 446, Ed. Astrea, 1985: "... en caso de que se hubiera entablado acción judicial, el domicilio especial en que se ha hecho la notificación de la demanda, sólo conserva su vigencia hasta esa oportunidad por cuyo motivo si el ejecutado no constituye en el juicio domicilio ad-litem, queda incurso en el apercibimiento dispuesto por el art. 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ".

Por su parte Lino Enrique Palacio y Alvarado Velloso en "Código Procesal", t. II, p. 346, Ed. Rubinzal Culzoni, 1988, dicen: una de las causales de extinción del domicilio contractual, respecto de las notificaciones en juicio, lo sería "la intimación de pago en juicio ejecutivo, ya que dentro de los cinco días posteriores el ejecutado debe constituir domicilio procesal bajo el apercibimiento contenido en el art. 41 del Cód. Procesal".

Sobre el particular había escrito el maestro J. Ramiro Podetti, "Tratado de los actos procesales", ps. 33 y 34, Ed. Ediar, 1955: "En el proceso, el domicilio contractual reemplaza al domicilio real y al de derecho (se refiere al art. 90 del Cód. Civil); sirve en consecuencia para fijar la competencia y para notificar el acto introductivo de instancia (traslado de la demanda), pudiendo suplir, como el real, al domicilio procesal general. Pero no lo reemplaza. Cualquiera sea la interpretación que se dé a los artículos del Código Civil que a él se refiere, es siempre domicilio civil; la prohibición de revocarlo y su subsistencia a todos los efectos del contrato para el cual se constituyó solamente se refieren a las relaciones entre las partes, fuera del juicio. La imperativa disposición del art. 1 de la ley 14.237 (Adla, XIII-A 168) (similar a la de los arts. 40, 41, 42, Cód. Procesal Civil y Comercial), en materia procesal, es de orden público, ya que se persigue la ordenada y regular tramitación del proceso".

Por nuestra parte afirmamos que el domicilio especial de elección servirá siempre que se lo utilice para actos que deben notificarse o cumplirse en el domicilio real; no solamente para el traslado de la demanda. Sólo reemplazará al real. Pero no sustituye al procesal que debe constituirse ad-litem, en todos los casos conforme los arts. 40 y sigtes. del Cód. ritual de que se trata.

Entonces podrá servir para notificar allí el traslado de la demanda (art. 339), practicarse la intimación de pago y citación de remate (arts. 531 y 542), la citación para conciliación o explicaciones (art. 36, inc. 2° a), la citación para practicar cuerpo de escritura (art. 394), para absolver posiciones si actúa por apoderado (art. 409), para la audiencia preliminar del juicio de alimentos (art. 639), la notificación de la sentencia al incompareciente no declarado rebelde (art. 59 "in fine"), etcétera.

En definitiva, el domicilio especial de elección, sustituye en el proceso al domicilio real. No desplaza al domicilio procesal.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).


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