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Citar: Lexis N 1 0003/009026

DERECHOS Y GARANTÍAS

Rojas, Jorge A.

Jurisprudencia Argentina

El debido proceso legal y el presupuesto procesal de competencia

2002

Jurisprudencia anotada

JA 2002-III-598

2 0 INSTANCIA.- Buenos Aires, febrero 13 de 2002.- Considerando: 1. El ejecutado apeló contra la resolución de fs. 40/2, en cuanto rechazó la excepción de incompetencia opuesta en fs. 21/2 y ordenó seguir la ejecución (fs. 44; memorial en fs. 46/7, respondido por la ejecutante en fs. 49/50).

2. Ninguna regla legal dispone que, para su admisibilidad, la excepción de incompetencia deba ser acompañada por otra excepción.

Todo proceso debe ser atendido por su "juez natural", de modo que solicitando que así ocurra por parte interesada, debe reconocerse la admisibilidad de su solicitud -cualquiera fuere la procedencia de ésta, lo que es otra cuestión- (art. 18 Ver Texto CN. [1]).

En el caso, el "juez natural" resulta de la específica elección del mismo por las partes originarias del contrato de prenda, elección que -por cierto- es del todo arreglada a derecho.

En otras palabras: aun el ejecutado que no posee excepciones que obsten al progreso de la ejecución, tiene derecho a pretender que la ejecución sea mandada llevar adelante por el juez competente.

Pero además, no puede sostenerse con suficiente certeza que el ejecutado de autos no tenga otras excepciones que oponer: en fs. 22 aludió a ciertas cuestiones referidas a "los pagos efectuados", al "alcance real de la deuda", y a "la vinculación del endosante con la actual titular del derecho creditorio", temas que se habrán de "ventilar" ante el juez competente.

Es decir: del contexto del escrito de fs. 21/2 resulta que es intención del excepcionante plantear otras cuestiones ante el juez competente para conocer en ellas -sin que interese valorar aquí, por cierto, la admisibilidad o procedencia de ellas-.

3.a) Sentado ello, estímase que la excepción de incompetencia opuesta en fs. 21/2 por el ejecutado resulta procedente.

Es que en el contrato objeto de ejecución las partes convinieron que "para el caso de incumplimiento del contrato de prenda, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario (Santa Fe) dejando sin efecto cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle" (ver copia de fs. 7 vta.).

Esa cláusula, introducida especialmente por las partes de este contrato (como lo revela la circunstancia de que aparece mecanografiada entre otras cláusulas preimpresas), prevalece sobre otra que integra el formulario al que adhirió el ejecutado, que establecería que "las partes renuncian al fuero federal y convienen incluir entre los jueces por los cuales puede optar el acreedor el de la Capital Federal" (sic, copia de fs. 8).

Porque la especificidad concedida por las partes a la primera de las cláusulas transcriptas parcialmente antes, condujo necesariamente a dejar sin efecto la otra cláusula, genérica y preimpresa (art. 218 Ver Texto incs. 1 y 2 CCom.; ver en cuanto a la interpretación de estas normas, Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino 2: Doctrina General de los Contratos Comerciales", 1989, Ed. Zavalía, p. 154).

b) En consecuencia, la excepción de referencia será admitida y, por ende, la ejecución rechazada.

4. Por ello: a) se revoca la resolución apelada, b) se admite la excepción de incompetencia opuesta en fs. 21/2, y c) se rechaza la ejecución promovida en esta jurisdicción.

Impónense las costas a la ejecutante (art. 69 Ver Texto CPCCN.).

Con sujeción a lo establecido en la decisión plenaria dictada in re "Banco del Buen Ayre" Ver Texto (29/12/1994), y atento a la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados se fijan los honorarios en $ ... para la letrada patrocinante de la parte demandada N. J. P. y en $ ... para el apoderado de la misma parte H. A. P. (h) (arts. 6 Ver Texto, 7 Ver Texto, 9 Ver Texto, 19 Ver Texto, 22 Ver Texto, 37 Ver Texto y 40 Ver Texto ley 21839 [2], modificada por ley 24432 Ver Texto [3]).

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1 CPCCN.) y las notificaciones pertinentes.- Felipe M. Cuartero.- Helios A. Guerrero.- En disidencia: Carlos M. Rotman. (Prosec.: Francisco J. Carrega).

DISIDENCIA DEL DR. ROTMAN.- Considerando: 1. El ejecutado apeló contra la resolución de fs. 40/2, en cuanto rechazó la excepción de incompetencia opuesta en fs. 21/2 y ordenó seguir la ejecución (fs. 44; memorial en fs. 46/7, respondido por la ejecutante en fs. 49/50).

2.a) Cuadra puntualizar que el pronunciamiento impugnado expresó -entre otras consideraciones- que la "excepción resulta improcedente pues aparece como antieconómico y en lo jurídico carece de objetivo final debatir sobre la competencia territorial judicial para conocer en una ejecución donde no fue opuesta otra defensa que la incompetencia".

La decisión observó que "la remisión de la causa a otro juzgado, con la consiguiente dilación temporal, solamente provocará que sea un tribunal distinto quien produzca la sentencia ineludible ante la ausencia de otra excepción".

b) El apelante, contrariamente a lo establecido por el art. 265 Ver Texto/6 CPCCN., no criticó concreta y razonadamente esas consideraciones, las cuales se comprenden en el plano conceptual con lo interpretado por esta sala en el precedente recordado en el propio decisorio de primera instancia dictado in re "Banco del Buen Ayre", el 24/4/1997.

Por cierto que las reglas en materia de competencia -y por ende las excepciones que fuesen planteadas sobre la materia- conciernen al derecho constitucional según el cual, por principio, toda persona debe ser juzgada por el juez natural de la causa (arg. art. 18 Ver Texto CN.).

Pero en la especie admitir una defensa que ha fincado únicamente en un planteo de incompetencia infringiría un principio esencial de nuestro ordenamiento legal, cual es el de afianzar la justicia.

La eventual admisión de la excepción de incompetencia opuesta por una persona que no controvirtió fundadamente la legitimidad del reclamo seguido a su respecto -al no oponer ninguna otra defensa-, sólo dilataría la ejecución de la condena que previsiblemente habrá de dictarse en otra jurisdicción.

No es amparable esa dilación por la dilación misma, cuyos únicos efectos serían la obstaculización del ágil recupero del crédito objeto del juicio, la duplicidad de actuaciones judiciales y la dilación innecesaria en la terminación de un juicio.

Máxime cuando -como se apreció en la especie- la admisión del planteo de incompetencia no provocaría siquiera el efecto de que el excepcionante litigue ante los tribunales de su propio domicilio.

3. Por ello se desestima la apelación de fs. 44, con costas al apelante (art. 558 Ver Texto CPCCN.).

Difiérese la regulación de honorarios hasta ser fijados los de primera instancia.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1 CPCCN.) y las notificaciones pertinentes.

NOTAS:

(1) LA 1995-A-26 - (2) LA 1990-A-1159 - (3) LA 1995-A-45.

 

El debido proceso legal y el presupuesto procesal de competencia

Por Jorge A. Rojas

SUMARIO:

I. Delimitación conceptual.- II. Principios del debido proceso legal.- III. La posición minoritaria: a) La competencia territorial.- IV. Conclusiones

I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Antes de analizar el fallo que antecede, conviene hacer algunas precisiones con respecto al alcance de ciertos vocablos que, utilizados en un sentido natural, es probable que se les asigne un alcance o contenido distinto al que técnicamente corresponde.

Mientras la voz jurisdicción proviene de la órbita del derecho constitucional, más allá de su incorporación al procesal, indica por su origen etimológico (jus dicere), la potestad que tiene el Poder Judicial -como uno de los tres poderes del Estado- de decir el derecho, a través de los órganos encargados al efecto, siguiendo para ello el procedimiento establecido en las leyes, que especialmente regulan su actividad.

Esta función desarrollada por la jurisdicción, como lo ha señalado la doctrina, no sólo constituye un poder del Estado, sino que además representa un "deber", pues éste no puede sustraerse a su cumplimiento (1).

Sin embargo, la voz competencia, suele ser usada en virtud de la multivocidad a que se presta el vocablo jurisdicción, en un sentido confuso. Es que este concepto es esencialmente procesal, deviene de la letra de la ley y persigue una finalidad meramente ordenatoria, distribuyendo la tarea que debe cumplir la jurisdicción, sea por razones de especialidad, de monto, de turno, entre otros aspectos pero, en definitiva, persiguiendo desde un punto de vista administrativo, un mejor ordenamiento de esa labor jurisdiccional.

Siguiendo a Rosenberg (2), podemos sostener que la competencia, en un sentido objetivo, es la órbita de negocios de la autoridad (en este caso, del tribunal).

Los caracteres básicos de la competencia son su improrrogabilidad e indelegabilidad, que en principio hace que se trate de un concepto que ofrece ciertas particularidades, pues si bien se considera que es de orden público y reviste el carácter de atributo del poder del Estado, hay algunos casos en que los particulares pueden disponer de ella, por lo cual con carácter excepcional y de modo relativo, podemos sostener que los particulares pueden disponer de ese concepto (3).

El ejemplo más claro es el que nos ocupa en el fallo objeto de este comentario, en donde podemos apreciar una prórroga pactada especialmente por las partes litigantes, con relación a la competencia territorial.

Para despejar toda duda, llamaremos prórroga de la competencia al cambio que voluntariamente decidan las partes, mientras que se denomina desplazamiento de la competencia, al que resulta obligatorio como consecuencia de la letra de la ley (4) (sirva como ejemplo el fuero de atracción que contempla el art. 3284 Ver Texto CCiv.).

Por lo expuesto, conviene hacer -con carácter previo- algunas precisiones sobre el fallo objeto de análisis, pues surgen algunos conceptos cuya utilización puede generar algunas confusiones.

Se destacan en él los siguientes aspectos:

a) Se revoca la sentencia de primera instancia, que había desestimado una excepción de incompetencia invocada por el ejecutado y, la mayoría, al hacer lugar al recurso de apelación, vincula la voz competencia con la voz jurisdicción, señalando que trata de resguardar el principio que consagra el art. 18 Ver Texto CN. (LA 1995-A-26), cuando alude al "juez natural".

b) Para llegar a este razonamiento, se destacan dos aspectos, que consideramos centrales. En primer lugar, con cita de Fontanarrosa, el tribunal sostiene que es absolutamente claro, que las partes pactaron con carácter especial una prórroga de la competencia territorial y en este caso -no abunda señalarlo- es evidente que esa cláusula tuvo en cuenta el domicilio de la accionante, que es en la Ciudad de Rosario, a cuyos tribunales decidió someter cualquier divergencia respecto al contrato de prenda que se estaba ejecutando y por ende quedó derogada cualquier otra cláusula de contenido general que allí se contemplara.

c) En segundo lugar, el fundamento que exhibe el voto de la mayoría es que la excepción de incompetencia en ningún caso, como lo había sostenido el a quo, requiere para su viabilidad que sea acompañada de otra u otras, para evitar así el dispendio jurisdiccional que tanto preocupaba a aquél, toda vez que con toda precisión se señala que la competencia, como atribución de la función judicial, se vincula íntimamente al concepto de juez natural que contempla el art. 18 Ver Texto CN.

II. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL

Esta circunstancia hace que nos debamos introducir en un aspecto de carácter liminar desde el punto de vista procesal y constitucional, que es el de las bases en las que se asienta el debido proceso legal, ya que como veremos más adelante, la minoría sostiene que debe mantenerse el decisorio en crisis, pues ello "afianza la justicia", como valor esencial que persigue el Preámbulo de nuestra ley Fundamental.

No sólo esto es incorrecto, sino que por esta vía podemos concluir en que "el fin justificaría los medios" y, mucho más grave aún, con expresa violación de la letra de la ley, en este caso, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El proceso judicial, para ser válido (5), requiere de la observancia de ciertos principios que convergen desde una doble vertiente; unos emergen de la Constitución Nacional y otros provienen de la letra de la ley, que viene a reglamentar aquella, esto es el Código Procesal, que crea el sistema adecuado para que aquellos resulten operativos (6).

Los principios procesales, como señala Clemente A. Díaz, son los presupuestos políticos y jurídicos fundantes de un ordenamiento procesal cualquiera (7).

Entre esos principios encontramos el de igualdad, que se refleja en el proceso judicial a través de la bilateralidad de la audiencia, es decir la posibilidad de ser oídos, de articular las defensas que estimemos corresponder, de ofrecer y producir prueba, entre otros aspectos centrales.

Nuestra Constitución no dice que cualquier persona puede ser condenada sin juicio previo, sino por el contrario, se requiere de un juicio previo, el cual está representado, no sólo por el desarrollo del proceso judicial en sí mismo, sino además por el juicio de valor que hace la jurisdicción, con la amplitud o la restricción que cada tipo procesal impone, a los fines de saber cuál de las posiciones del pleito es la correcta, circunstancia ésta de la que se desprende el principio de congruencia, que obliga a aquélla a emitir un pronunciamiento conforme las pretensiones introducidas por las partes en el proceso.

En idéntico sentido señala el art. 18 Ver Texto CN. que nadie puede ser condenado, si no es en virtud de una sentencia fundada en la letra de la ley, que a su vez debe ser anterior al hecho del proceso, o bien que nadie puede ser privado de su propiedad, si no es a través de una sentencia fundada en la letra de la ley, extremos estos de los cuales se desprende el principio que llamamos de legalidad.

Y a todo ello debemos agregar el principio de autoridad, que coadyuva a la estructuración del debido proceso legal y que consiste precisamente en lo que el voto de la mayoría ha identificado, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, como "juez natural".

Este juez natural no es cualquier juez, sino que por el contrario es el juez que debe entender en la contienda que se haya suscitado, sea porque el cumplimiento de sus tareas emerge de la letra de la ley, o bien por el acuerdo al que hayan arribado las partes en conflicto, como el caso que aquí nos ocupa.

En definitiva, como vemos, esta elección del juez que "naturalmente" se dieron las partes, siempre nos conduce a lo que hemos denominado la estructuración del debido proceso legal, pues surge con claridad el respeto y operatividad de todos los otros principios procesales que hemos mencionado.

Sin embargo, siguiendo a Díaz, estos principios, a su vez debemos diferenciarlos de los sistemas, que son las formas metódicas a través de las cuales aquellos principios cobran vida en un ordenamiento procesal cualquiera.

Y esas formas están representadas por los diversos sistemas por los cuales opta el legislador. Por eso podemos sostener, entre otros ejemplos, que nuestro sistema procesal es de doble instancia, no porque surja de una norma expresa que así lo indique, sino porque el legislador ha optado por una organización de nuestros tribunales que así la concibe y se compadece con el sistema procesal que contempla los mecanismos (recursos) al efecto.

Con ese criterio el legislador, por una razón elemental de orden, ha instaurado la división de las tareas entre los tribunales en base a distintos sistemas; por ejemplo, las cámaras de apelaciones son competentes en algunos asuntos e incompetentes para otros (vgr. en razón del monto).

Ese criterio es el que consideramos se ha subvertido en el fallo analizado, pues se han entremezclado algunos conceptos, quizás inclusive a la luz de algunos antecedentes del propio tribunal, invocados por la minoría.

III. LA POSICIÓN MINORITARIA

En ningún caso, indica nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que la excepción de incompetencia, para su viabilidad requiere del "acompañamiento" de otra excepción, para no caer así en una injustificada dilación del proceso.

Sostiene en ese sentido el voto de la minoría que admitir la excepción de incompetencia, opuesta por una persona que no controvirtió fundadamente la legitimidad del reclamo seguido a su respecto, dilataría injustificadamente la ejecución de condena que previsiblemente habrá de dictarse en otra jurisdicción (sic).

Estos conceptos señalamos que son textuales, pues delatan la posible confusión conceptual que surge entre el que llamamos principio de autoridad y que la mayoría denomina siguiendo la letra del art. 18 Ver Texto CN., como "juez natural", con la voz de competencia.

Es común advertir la superposición conceptual entre las voces jurisdicción y competencia, sobre todo desde el punto de vista territorial. Sin embargo -como señalamos- mientras la primera proviene de la Constitución Nacional, la otra deriva de la letra de la ley.

La primera hace a un principio que coadyuva a la estructuración del debido proceso legal, la otra apunta a un sistema, en este caso de asignación de tareas (8).

En el fallo anotado es mucho más clara la situación pues las partes habían convenido (9) en forma expresa someterse a la competencia territorial de los tribunales de Rosario, y precisamente quien se domiciliaba allí era la propia actora, con lo cual se presumiría que había insertado esa cláusula en su propio beneficio. Por eso, sujetar la excepción de incompetencia a la invocación de otras causales que apunten a la legitimidad del crédito reclamado, u otra similar, aparece inconveniente ya que se extralimita el alcance de la ley, que nada dice en ese sentido, contribuyendo así, contrariamente a lo que sostiene la minoría, a no brindar certeza a las relaciones entre particulares, por la disímil interpretación a que se prestarían nuestros tribunales, que encontraría como único fundamento la voluntad de los jueces que con un activismo -por cierto muy particular- deciden intervenir en una cuestión aun a costa de sacrificar al debido proceso legal.

a) La competencia territorial

Existe otra confusión conceptual en el fallo anotado, que surge de uno de los fundamentos tenidos en cuenta por la minoría, cuando señala que "la admisión del planteo de incompetencia no provocaría siquiera el efecto de que el excepcionante litigue ante los tribunales de su propio domicilio".

Esta línea de razonamiento es la que se había mantenido por el mismo tribunal, con otra conformación, al sostenerse que cuando no iba acompañada la excepción de incompetencia con otra de las que contempla el art. 544 resultaba ociosa (10).

No consideraremos que resulte "ocioso" desarrollar el debido proceso legal, tal como nuestra ley Fundamental y el sistema procesal que nos dimos en consecuencia, disponen, más aún cuando no existe norma alguna, más que la voluntad de los jueces que sostuvieron aquel decisorio, para mantenerlo como peligrosa línea jurisprudencial de interpretación, al "condicionar" la viabilidad de la excepción de incompetencia -en un proceso de ejecución- a la deducción de otras excepciones.

Tal vez esa interpretación parta de asignarle un alcance distinto al que corresponde al art. 5 Ver Texto CPCCN., cuando se refiere a las normas generales de competencia, al señalar que las obligaciones personales pueden ser perseguidas ante los tribunales del domicilio del demandado (inc. 3).

Esto ha sido receptado tanto por nuestra doctrina como por nuestra jurisprudencia, pero con una interpretación exactamente inversa a la que utiliza la minoría en el fallo anotado, toda vez que no puede causar agravio alguno al litigante, aún habiéndose prorrogado la competencia a favor de los tribunales del domicilio del accionante, como el caso que aquí nos ocupa, que éste decida demandarlo ante los tribunales del domicilio de aquél.

En verdad, este criterio que sí admite la jurisprudencia como válido, pues no puede invocarse agravio alguno por parte del accionado, cuando ante los tribunales de su domicilio resulta demandado por una obligación de carácter personal (11), es totalmente disímil al que intentó utilizar tanto el a quo, como la minoría.

Este sería el único supuesto en que carece de virtualidad, a los fines de la estructuración del proceso que suscintamente antes describiéramos, el presupuesto procesal de competencia, toda vez que se construye la relación ante el juez del propio domicilio de quien resultará demandado, con lo cual mal podría invocarse agravio de su parte, cobrando especial sentido la economía procesal que invocara la minoría, toda vez que queda de manifiesto la mayor celeridad que se le puede impulsar al proceso, en beneficio del propio accionado, más aún teniendo en cuenta que se trata de un proceso de ejecución.

IV. CONCLUSIONES

A modo de conclusiones, con relación a lo que llevamos señalado, conviene precisar que si bien desde el punto de vista constitucional el proceso judicial para ser válido requiere la observancia de ciertos principios, que antes hemos descripto suscintamente, es necesario destacar que también desde el punto de vista procesal, es imprescindible la observancia de ciertos recaudos, para que el proceso judicial pueda estar válidamente constituido.

En el año 1868 von Büllow, al desarrollar su teoría sobre las excepciones y los presupuestos procesales, y explicar su teoría sobre el proceso como una relación jurídica nueva, distinta de la sustancial que le daba origen, pues quedaba sujeta a otras reglas, impulsaba lo que la doctrina luego denominó escuela cientificista del Derecho Procesal, en virtud de la cual ganaba su definitiva autonomía (12) esta rama del derecho público.

En ese trabajo (13) se señala con relación al tema que nos ocupa, que ese proceso judicial requiere para su constitución válida la reunión de algunos recaudos sin los cuales no puede quedar constituido como tal.

La expresión negativa, de esos que llamó presupuestos procesales, es lo que el Código Procesal denomina excepciones. Esto es, la posibilidad del demandado de invocar un hecho que impide el desarrollo de ese procedo, por carecer de alguno de esos elementos fundantes llamados presupuestos procesales.

El ejemplo típico de lo que señalamos es la excepción de incompetencia que aquí nos ocupa. El proceso no podría constituirse válidamente si no es sustanciado ante el juez que resulta competente. De ahí que esa excepción se constituya en el mecanismo que habilita el análisis de lo actuado, para impedir el eventual desarrollo irregular de las actuaciones.

Por eso es importante destacar que desde dos vertientes se advierte la importancia de sostener el fallo anotado, pues lo contrario importaría el desconocimiento de principios procesales que hacen al andamiaje del debido proceso legal, en franca violación a la letra de la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los cuales ha adherido nuestro país, lesionando uno de los derechos humanos más elementales (14).

Pero, por otro lado, la corrección que importa el mecanismo que la ley habilita para brindar al accionado las herramientas adecuadas para encauzar esa situación que se le presenta desventajosa -por improcedente- nunca debe ser analizada a la luz de una opinión en desmedro de la letra de la ley, pues no sólo se omitiría la observancia de un presupuesto procesal, sino de un principio constitucional, camino éste que seguramente no va a propender al afianzamiento de la justicia (15).

NOTAS:

(1) Monroy Galvez, Juan, "Introducción al Proceso Civil", t. I, 1996, Ed. Temis. p. 245.

(2) Rosenberg, L., "Tratado de Derecho Procesal Civil (traducido por Romera Vera), t. I, 1955, p. 161.

(3) Ver Díaz, Clemente A., "Instituciones de Derecho Procesal", t. II-B, 1972, Ed. Abeledo-Perrot, p. 542.

(4) Ver Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado (t.o. 1981 LA 1981-B-1472), t. I, 1982, Ed. Abeledo-Perrot, p. 156.

(5) Al margen de algunos recaudos específicos que surgen en el ámbito penal por la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, vgr. a través del caso "Giroldi" Ver Texto (ED 163-161).

(6) Couture enseñaba en sus Estudios, que precisamente ese trabajo tenía como norte mostrar en qué medida el Código Procesal (de procedimientos entonces), y sus leyes complementarias constituyen el texto de la reglamentación de la garantía de justicia que contiene la Constitución (Couture, Eduardo J., "Estudios de Derecho Procesal Civil", t. I., 1978, Ed. Depalma, p. 19). Agregando además que de la Constitución a la ley no debe mediar sino un proceso de desenvolvimiento sistemático.

(7) Díaz Clemente, A., "Instituciones de Derecho Procesal", t. I, 1972, Ed. Abeledo-Perrot, p. 198 y ss.

(8) Es oportuno recordar la doctrina de nuestro más Alto Tribunal en este sentido, que sostuvo que las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio que la Constitución consagra se encuentran reglamentadas y puestas en efectiva vigencia a través de las disposiciones de jerarquía legal y naturaleza procesal que rigen el desarrollo de las causas (Fallos 303:322).

(9) Y tratándose de derechos disponibles juega plenamente el art. 1197 Ver Texto CCiv.

(10) En ese sentido se había pronunciado la sala D, de la Cámara Comercial, in re "Banca Nazionale del Lavoro S.A. v. Putzeys, Carlos s/ejecutivo" Ver Texto , con fecha 31/10/1996 (LD-Textos), cuando sostuvo, con la disidencia del Dr. Cuartero, un argumento similar al esgrimido por la minoría en el fallo anotado, toda vez que, tratándose de una ejecución en donde tanto el ejecutante como el ejecutado se domiciliaban en la provincia de Buenos Aires, y pese a haberse sometido contractualmente a la competencia de los tribunales de aquella provincia para todos los efectos legales, igualmente se la desestimó con el único argumento de que se había deducido sola, sin ninguna otra excepción. La minoría, que hoy integra la mayoría, ya señaló entonces la importancia de receptar el principio de autoridad, es decir el del "juez natural", sometiendo la cuestión a quien correspondía entender en el asunto naturalmente.

(11) Precisamente la Cámara Comercial, in re "Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. v. Asociación Mutual del Personal del Organismo de control de la República Argentina s/ejecutivo" Ver Texto , haciendo suyo el dictamen del fiscal de Cámara ha sostenido que "resulta improcedente la excepción de incompetencia opuesta en la ejecución de un pagaré, aún cuando -como en el caso- conste una cláusula de prórroga de la competencia en razón del territorio. Ello así, toda vez que, en la especie, surge que la acción fue instaurada ante el domicilio del ejecutado, pues ella es la solución razonable y práctica que mejor contempla la conveniencia de ambas partes, teniendo en cuenta que nadie puede sentirse agraviado de ser demandado en su domicilio. Máxime, si no se ha invocado el perjuicio o gravamen que pueda derivarse de ser traído ante el juez de dicha jurisdicción (C. Nac. Com., sala B, 26/8/1999, LD-Textos).

(12) Aquélla se sostiene iniciada en 1856 por la famosa polémica entre Windscheid y Müther, acerca de la acción.

(13) Traducido por Rosas Lichtschein, ver JA 1957-II, secc. doctrina, p. 69.

(14) En esta línea ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "el art. 18 Ver Texto CN. garantiza el debido proceso legal en función de los derechos llamados fundamentales del hombre, esto es, los llamados derechos humanos, que se refieren a los derechos individuales y a las libertades públicas (Fallos 310:2845 Ver Texto Ver Texto ; 312:1686 [JA 1989-IV-365], entre otros).

(15) Conviene señalar que la Corte Suprema ha sostenido en este aspecto que: "el derecho a la jurisdicción, que integra el de la defensa en juicio, consiste en la posibilidad efectiva de ocurrir ante un órgano competente -judicial, administrativo o arbitral- que permita ejercer los actos razonablemente encaminados a una cabal defensa de la persona y sus derechos, sin que pueda hablarse de derecho de defensa ni de debido proceso, sin la presencia de un tribunal que, de conformidad con un procedimiento legal, dé cauce a las acciones enderezadas a hacer valer eficazmente los derechos individuales (Fallos 323:2418).


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